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El debate presidencial del día martes tocó el sensible caso de Sol Millankura Hernández, periodista que se suicidó denunciando discriminación laboral y hostigamiento por su identidad de género en la Seremi de Salud de Valparaíso. Jeannette Jara y José Antonio Kast fueron interpelados sobre medidas para prevenir vulneraciones en organismos públicos. Su fallecimiento expuso falencias institucionales y reavivó el debate sobre la discriminación laboral en servicios estatales. El Ministerio de Salud abrió un sumario por las denuncias contra su jefa, Lorena Cofré. La familia exige responsabilidades y justicia, mientras se cuestiona la protección estatal ante casos similares.
El debate presidencial de este martes incorporó una de las preguntas más sensibles de las últimas semanas: el caso de Sol Millankura Hernández, periodista de la Seremi de Salud de Valparaíso que se suicidó el 11 de noviembre, tras denunciar discriminación laboral y hostigamiento asociado a su identidad de género.
Durante el encuentro, tanto Jeannette Jara, del oficialismo, como José Antonio Kast (Partido Republicano) fueron consultados sobre la responsabilidad del Estado y las medidas para evitar nuevas vulneraciones en organismos públicos.
Su caso, ampliamente expuesto por amistades, familiares y funcionarios, se transformó en un punto obligado del debate al evidenciar graves falencias institucionales.
El fallecimiento de Sol volvió a instalar la discusión sobre la discriminación laboral en servicios estatales. Tras su muerte, el Ministerio de Salud inició un sumario para revisar las denuncias que en vida había presentado contra su jefa, Lorena Cofré, seremi de Valparaíso.
Quienes lo conocían coinciden en que su relación con la autoridad regional se deterioró a medida que avanzaba su proceso de afirmación de identidad. En 2024 logró registrar legalmente su nombre, un hito celebrado por su círculo, pero que, según múltiples testimonios, no habría tenido el mismo respaldo en su espacio laboral.
Su abogado, Diego Olmos, dijo a T13 que la seremi comentaba que no quería la participación de Sol en actividades públicas por su “forma de hablar y vestir”. Esa mirada se replicaba en exclusiones reiteradas: una de sus amigas relató que lo dejaban fuera de eventos relevantes por su identidad de género, su maquillaje o su ropa.
Sol Millankura: el nombre social y un ambiente hostil
Uno de los episodios más indignantes para su entorno ocurrió cuando pidió actualizar su nombre social en las plataformas internas. El primer correo lo envió en julio de 2024, pero solo obtuvo respuesta cinco meses después.
Aunque en el día a día lo llamaban Sol, se le exigió documentación adicional para avanzar en el trámite, un procedimiento que su defensa calificó como “burocrático, innecesario y contrario a estándares internacionales”.
Según la querella, cada vez que llevaba una expresión de género “más femenina o fluida”, recibía burlas, comentarios y miradas de desaprobación. Un testigo aseguró que incluso lo enviaron a cambiarse de ropa, pese a vestir igual que sus colegas.
En marzo de 2025, se apartó a Sol de sus funciones. Desde entonces, comenzó acciones legales por discriminación, despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales.
Tras recibir la notificación de su salida, escribió a una exjefa de gabinete una frase que quedó marcada en su expediente: “El gobierno feminista echó a la única persona no binaria de la institución”.
Dentro del equipo, varios funcionarios afirmaron que existía conocimiento de que la seremi Cofré habría solicitado que Sol no asistiera a pautas. Posteriormente, también se denunció que hubo gestiones para dificultar su reinserción laboral en otras instituciones.
El diagnóstico y la desesperanza
Un mes antes de su desvinculación, Sol informó a su jefatura que vivía con VIH. Ese mismo día, le encargaron editar un afiche sobre prevención de la enfermedad, decisión que su abogado consideró sospechosa y cargada de prejuicios.
A la lenta respuesta institucional se sumó la frustración por el proceso judicial: su audiencia de tutela laboral se pospuso para julio de 2026, luego de que la Seremi no presentara una propuesta de acuerdo.
Su madre sostuvo que aquello profundizó su quiebre emocional, porque sentía que el sistema no actuaba. “Dejó de creer”, afirmó.
Investigación en curso y la pregunta que queda abierta
El impacto público obligó a la ministra Ximena Aguilera a ordenar una investigación interna, encabezada por un funcionario externo a la Seremi de Valparaíso para asegurar imparcialidad.
La familia exige que se determinen responsabilidades y se reconozca el daño psicológico que sufrió Sol.
La madre del periodista dejó una pregunta que hoy moviliza a organizaciones de diversidad sexual y que también resonó en el debate presidencial: “Si mi hijo no tuvo protección del Ministerio de Salud, ¿qué se espera para otra persona?”
