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Captura | Canal 13
El fallecimiento de Sol Millankura Hernández, periodista de la Seremi de Salud de Valparaíso, generó un debate sobre discriminación laboral en organismos públicos. Tras su suicidio, se inició un sumario para investigar denuncias contra su jefa, Lorena Cofré, relacionadas con despido injustificado y discriminación. Se reveló que Sol enfrentó rechazo por su identidad de género, con testimonios que indican aislamiento y burlas. Su pedido de actualizar su nombre social fue ignorado, y tras ser apartado de sus funciones inició acciones legales por discriminación y despido. El proceso judicial, marcado por demoras, llevó a Sol a perder la esperanza. El caso ha motivado una investigación interna y la exigencia de la familia de Sol para determinar responsabilidades y reconocer el daño psicológico.
Desarrollado por Bío Bío ComunicacionesEl fallecimiento de Sol Millankura Hernández, quien trabajó como periodista en la Seremi de Salud de Valparaíso, reabrió un complejo debate sobre la discriminación laboral en organismos públicos.
Tras su suicidio, ocurrido el 11 de noviembre, el Ministerio de Salud decidió iniciar un sumario investigativo para esclarecer las denuncias que el fallecido había levantado en vida contra su jefa, Lorena Cofré.
En ese contexto, se conoció que el profesional acusó despido injustificado y discriminación en contra de la seremi.
Quienes conocieron a Sol, amistades, familiares y funcionarios, aseguraron que la relación con sus superiores se deterioró conforme avanzaba su proceso de afirmación de identidad.
En 2024, obtuvo oficialmente su nuevo nombre y lo incorporó a su cédula, un paso celebrado por su círculo cercano.
Sin embargo, no habría ocurrido lo mismo en su lugar de trabajo, donde, según múltiples testimonios, comenzó a experimentarse un clima de aislamiento y rechazo.
Su abogado, Diego Olmos, afirmó a T13 que la autoridad regional comentaba que no quería que Sol participara de actividades por su “forma de hablar y vestir”.
Incluso, una amiga de Hernández agregó que se le excluía de eventos relevantes debido a su identidad de género, al uso de maquillaje o a su vestimenta.
Uno de los episodios que más indignación generó entre su entorno ocurrió cuando pidió que su nombre social se actualizara en las plataformas internas de la Seremi.
El primer correo se envió en julio de 2024 y no obtuvo respuesta, sino hasta cinco meses después. Aunque el equipo la llamaba Sol en el día a día, se le exigió presentar documentación legal para iniciar el trámite, lo que su defensa calificó como una práctica burocrática innecesaria y contraria a estándares internacionales.
En su querella, Sol relató que cuando llevaba una expresión de género “más femenina o fluida”, como faldas o labios pintados, recibía burlas y miradas de desaprobación.
Además, un testigo declaró de manera anónima que en varias ocasiones se le pidió irse a cambiar de ropa, incluso cuando vestía igual que sus compañeros.
En marzo de 2025, apartaron a Sol de sus funciones en la Seremi. Desde entonces comenzó acciones legales por discriminación, despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales.
Después de recibir la notificación de su salida, escribió a una exjefa de gabinete. “El gobierno feminista echó a la única persona no binaria de la institución”, sostuvo.
De acuerdo con declaraciones recopiladas en la causa, existía conocimiento dentro del equipo de que la seremi Cofré habría pedido que Sol no asistiera a pautas. También se denunció que, tras su despido, se realizaron gestiones para impedir que encontrara empleo en otras instituciones.
Un mes antes de su desvinculación, Sol había comunicado a su jefatura que vivía con VIH. Ese mismo día se le encargó editar un afiche sobre la prevención de dicha enfermedad, lo que llevó a su abogado a cuestionar si la instrucción se había basado en prejuicios o en su diagnóstico.
El proceso judicial tampoco avanzó con la rapidez que Sol esperaba. Por ejemplo, en la audiencia de tutela laboral, la Seremi no presentó propuesta de acuerdo y el juicio se pospuso para julio de 2026.
Según su madre, aquello profundizó su desesperanza, porque sentía que el sistema no le daba respuesta. “Dejó de creer”, dijo.
Cabe señalar que el impacto público del caso obligó a la ministra Ximena Aguilera a ordenar una investigación interna encabezada por un funcionario externo a la Seremi de Valparaíso, con el fin de asegurar imparcialidad en el proceso.
En tanto, la familia de Sol exige que se determinen responsabilidades y que se reconozca el daño psicológico que sufrió.
Por su parte, su madre expresó una pregunta que hoy moviliza a las organizaciones de diversidad sexual.
“Si mi hijo no tuvo protección del ministerio de salud, ¿qué se espera para otra persona?”, lamentó.