En un giro inesperado de los eventos, dos pacientes diagnosticados con Parkinson han denunciado por estafa al médico urólogo Pedro Casanueva por un tratamiento que, según afirman, los dejó en una peor condición de salud y los obligó a gastar millones de pesos.

El acusado, quien actualmente atiende en Viña del Mar, enfrenta querellas por estos supuestos engaños presentados por las víctimas.

¿Qué dijeron los afectados por presunta estafa de urólogo?

De acuerdo a un reportaje de T13, Lilia Figueroa, diagnosticada con Parkinson en 2009, fue una de las afectadas por este polémico tratamiento.

En 2024, luego de años buscando una alternativa, se encontró con la propuesta del médico, quien le ofreció un tratamiento experimental con células madre que prometía regenerar tejido neuronal.

Según le explicaron verbalmente, las células madre provenían de mujeres jóvenes en Estados Unidos, aunque nunca recibió documentación oficial, ni un consentimiento informado que respaldara el procedimiento.

Motivada por la esperanza de frenar el avance de la enfermedad, la afectada aceptó el tratamiento. Recibió la primera inyección en la consulta del médico en Viña del Mar, donde la jeringa ya estaba lista, sin rotular, y resultó administrada sin supervisión médica.

Aunque el tratamiento no contaba con ningún respaldo clínico ni supervisión de especialistas, Lilia continuó con el proceso.

Sin embargo, tras la segunda dosis, su condición empeoró de manera alarmante. Actualmente, Lilia depende de cuerdas instaladas en su casa para poder desplazarse, mientras la enfermedad avanza sin freno.

Lo más devastador fue el costo del tratamiento: 20 millones de pesos, que pagó vendiendo su casa, muebles y organizando ventas de garaje.

"Hice todo lo posible. Hoy estoy peor que antes. Fue un rotundo fracaso", lamentó.

"Me dijo que no hablara con neurólogos"

El caso de Guillermo Coronado, un profesor y marino mercante diagnosticado en 2008, se suma al listado de afectados, luego que también acudiera a Casanueva, convencido por su supuesta experiencia como coronel de Carabineros en el área de salud.

De manera similar a Lilia, Guillermo no recibió documentación ni respaldo adecuado del tratamiento.

"Me dijo que no hablara con neurólogos porque ellos no aceptaban los nuevos tratamientos", detalló, añadiendo recibió tres dosis de células madre sin ningún tipo de supervisión.

Después de solicitar información formal para entregársela a su familia, el médico dejó de responderle y lo bloqueó. Ante esto, Guillermo también decidió presentar una querella contra el médico.

Cabe señalar que, pese a las denuncias, Casanueva sigue atendiendo en Viña del Mar. Tras ser contactado por el equipo de prensa de Canal 13, negó las acusaciones y aseguró que las querellas son infundadas, pero no presentó evidencia oficial que respalde el tratamiento que ofrece.

Además, el acusado tiene antecedentes judiciales previos, ya que fue condenado en 2024 por abuso sexual reiterado contra un menor de edad.

El Tribunal de Ética del Colegio Médico de Valparaíso está revisando su caso, mientras la Fiscalía avanza con las investigaciones por estafa.

Por su parte, Lilia y Guillermo esperan que la justicia tome cartas en el asunto y determine las responsabilidades de un episodio que marcó sus vidas y los dejó vulnerables ante un tratamiento fraudulento.

Jacqueline, amiga cercana de María Ignacia González, insistió en que la desaparición de la concejala podría haber involucrado la intervención de terceros.

Según su relato, hay muchas personas que conocen la verdad de lo sucedido, pero temen hablar debido a las posibles represalias, consignó el matinal Mucho gusto.

"De una vez por todas, le pido a toda esa gente que tiene, aunque sea la más mínima información, si no se atreven a hablar personalmente con sus hijas, háganle llegar una nota, un papelito", expresó.

La amiga de la concejala destacó que cualquier información podría ser crucial en estos momentos.

"Por favor, háganlo, están a tiempo. Es un pueblo chico, todo el mundo se conoce, y todo el mundo tiene miedo a las represalias. Puede que haya gente poderosa, de más arriba", sostuvo.

Además, Jacqueline reveló que la última conversación que sostuvo con María Ignacia la dejó preocupada por la actitud de la concejala.

Según recordó, ella lo notó de inmediato. "No era su misma cara. Yo le pregunto '¿qué le pasa, la noto rara?'. Ella dijo 'tú sabes que yo me la jugué por cuatro personas, estoy tan decepcionada, desilusionada y defraudada'", relató Jacqueline.

Previo a su desaparición, María Ignacia compartió con Jacqueline el nombre de las personas que le causaron esa decepción, quienes estarían vinculadas a la Municipalidad de Villa Alegre.

Sin embargo, Jacqueline se abstuvo de revelar los nombres, asegurando que ya los había entregado a la Policía de Investigaciones (PDI) y a la Fiscalía, para contribuir con el esclarecimiento del caso.

Revisa las declaraciones pinchando aquí.

El debate presidencial de este martes incorporó una de las preguntas más sensibles de las últimas semanas: el caso de Sol Millankura Hernández, periodista de la Seremi de Salud de Valparaíso que se suicidó el 11 de noviembre, tras denunciar discriminación laboral y hostigamiento asociado a su identidad de género.

Durante el encuentro, tanto Jeannette Jara, del oficialismo, como José Antonio Kast (Partido Republicano) fueron consultados sobre la responsabilidad del Estado y las medidas para evitar nuevas vulneraciones en organismos públicos.

Su caso, ampliamente expuesto por amistades, familiares y funcionarios, se transformó en un punto obligado del debate al evidenciar graves falencias institucionales.

El fallecimiento de Sol volvió a instalar la discusión sobre la discriminación laboral en servicios estatales. Tras su muerte, el Ministerio de Salud inició un sumario para revisar las denuncias que en vida había presentado contra su jefa, Lorena Cofré, seremi de Valparaíso.

Quienes lo conocían coinciden en que su relación con la autoridad regional se deterioró a medida que avanzaba su proceso de afirmación de identidad. En 2024 logró registrar legalmente su nombre, un hito celebrado por su círculo, pero que, según múltiples testimonios, no habría tenido el mismo respaldo en su espacio laboral.

Su abogado, Diego Olmos, dijo a T13 que la seremi comentaba que no quería la participación de Sol en actividades públicas por su “forma de hablar y vestir”. Esa mirada se replicaba en exclusiones reiteradas: una de sus amigas relató que lo dejaban fuera de eventos relevantes por su identidad de género, su maquillaje o su ropa.

Sol Millankura: el nombre social y un ambiente hostil

Uno de los episodios más indignantes para su entorno ocurrió cuando pidió actualizar su nombre social en las plataformas internas. El primer correo lo envió en julio de 2024, pero solo obtuvo respuesta cinco meses después.

Aunque en el día a día lo llamaban Sol, se le exigió documentación adicional para avanzar en el trámite, un procedimiento que su defensa calificó como “burocrático, innecesario y contrario a estándares internacionales”.

Según la querella, cada vez que llevaba una expresión de género “más femenina o fluida”, recibía burlas, comentarios y miradas de desaprobación. Un testigo aseguró que incluso lo enviaron a cambiarse de ropa, pese a vestir igual que sus colegas.

En marzo de 2025, se apartó a Sol de sus funciones. Desde entonces, comenzó acciones legales por discriminación, despido injustificado y vulneración de derechos fundamentales.

Tras recibir la notificación de su salida, escribió a una exjefa de gabinete una frase que quedó marcada en su expediente: “El gobierno feminista echó a la única persona no binaria de la institución”.

Dentro del equipo, varios funcionarios afirmaron que existía conocimiento de que la seremi Cofré habría solicitado que Sol no asistiera a pautas. Posteriormente, también se denunció que hubo gestiones para dificultar su reinserción laboral en otras instituciones.

El diagnóstico y la desesperanza

Un mes antes de su desvinculación, Sol informó a su jefatura que vivía con VIH. Ese mismo día, le encargaron editar un afiche sobre prevención de la enfermedad, decisión que su abogado consideró sospechosa y cargada de prejuicios.

A la lenta respuesta institucional se sumó la frustración por el proceso judicial: su audiencia de tutela laboral se pospuso para julio de 2026, luego de que la Seremi no presentara una propuesta de acuerdo.

Su madre sostuvo que aquello profundizó su quiebre emocional, porque sentía que el sistema no actuaba. “Dejó de creer”, afirmó.

Investigación en curso y la pregunta que queda abierta

El impacto público obligó a la ministra Ximena Aguilera a ordenar una investigación interna, encabezada por un funcionario externo a la Seremi de Valparaíso para asegurar imparcialidad.

La familia exige que se determinen responsabilidades y se reconozca el daño psicológico que sufrió Sol.

La madre del periodista dejó una pregunta que hoy moviliza a organizaciones de diversidad sexual y que también resonó en el debate presidencial: “Si mi hijo no tuvo protección del Ministerio de Salud, ¿qué se espera para otra persona?”