A fines de septiembre se aprobó la Ley de Cumplimiento Tributario, conocida también como la ley “antievasión”, que introduce importantes cambios en la vigilancia de las actividades financieras de los contribuyentes, como, por ejemplo, las transferencias.
Una de las medidas más destacadas es que los bancos deberán informar al Servicio de Impuestos Internos (SII) cuando un cliente reciba un número significativo de depósitos en sus cuentas, ya sea de manera mensual o semestral.
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¿Qué pasa si recibo más de 50 transferencias al mes?
El propósito principal de esta ley es combatir la elusión y evasión de impuestos, con el fin de aumentar la recaudación fiscal y financiar parte del Presupuesto 2025, además de luchar contra la informalidad laboral.
Se estima que la ley permitirá recaudar hasta un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), lo que equivale a US$4.500 millones, de los cuales US$1.200 millones se destinarán a planes como la seguridad y el incremento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).
Según indicó BioBioChile, ley establece que los bancos deberán alertar al SII cuando en una cuenta se registren más de 50 abonos de diferentes personas o entidades en un solo día, semana o mes, o si en un semestre se superan los 100 abonos provenientes de distintas fuentes.
Esta normativa es una ampliación de la regulación anterior, que ya obligaba a las entidades financieras a reportar a clientes con movimientos iguales o superiores a 1.500 Unidades de Fomento (UF), equivalentes a casi $57 millones.
¿Qué otras medidas trae la Ley de Cumplimiento Tributario tras fiscalización a transferencias?
Junto con la vigilancia sobre las transferencias bancarias, la ley incluye otras medidas clave para mejorar la recaudación fiscal y reducir la informalidad en el mercado.
Una de las más relevantes es la eliminación de la exención de US$41 en compras de bienes importados a través de plataformas digitales, junto con la implementación de un sistema simplificado de pago de IVA para productos valorados en hasta US$500, eliminando también los aranceles para ese tramo.
Asimismo, las entidades públicas, como la administración del Estado, gobiernos regionales y municipalidades, deberán exigir que todos los proveedores con los que contraten productos o servicios estén al día con sus obligaciones tributarias y tengan su inicio de actividades formalizado.
Para fortalecer la lucha contra el crimen organizado, la ley introduce procedimientos judiciales simplificados para levantar el secreto bancario y crea la figura del denunciante anónimo.
Esta iniciativa permite a los ciudadanos reportar irregularidades con mayor facilidad.
También se reforzarán las normas administrativas en supermercados y restaurantes para evitar que se emitan facturas a empresas por compras de uso personal.
