La resolución judicial que rebajó la pena al autor del homicidio calificado de Camila Rojas y del intento de asesinato de su hija de cinco años generó una ola de críticas e indignación tanto en el mundo político como en la comunidad local.
El fallo de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, dictado el 6 de octubre, reemplazó la condena de presidio perpetuo calificado por una de 20 años de presidio mayor en su grado máximo y redujo de 20 a 15 años la pena por el delito cometido contra la niña.
Si bien se mantuvieron las calificaciones jurídicas —homicidio calificado consumado y homicidio calificado frustrado—, el tribunal de alzada acogió parcialmente el recurso de nulidad presentado por la defensa de Francisco Novoa Ibaceta, reconociendo atenuantes como colaboración en el esclarecimiento de los hechos y la irreprochable conducta anterior del condenado.
Solo se mantuvo una agravante: que Francisco Novoa Ibaceta haya cometido el crimen en la vivienda de la víctima.
El caso, que estremeció a La Serena y al país en julio de 2024 debido a la brutalidad del ataque —97 puñaladas a Camila y 15 a su hija mientras dormían—, vuelve a remecer a la opinión pública, esta vez por la percepción de impunidad y desprotección hacia las víctimas.
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"¿Tan poco vale la vida de una persona?"
En el propio sector de Alfalfares, donde ocurrió el femicidio, la indignación es evidente. Johana Navarrete Nilo, presidenta de la Junta de Vecinos Paz y Esperanza N°4, expresó su total rechazo al fallo.
"Primero decir que nos parece horrible este hecho, de tanta violencia hacia esta joven y su pequeña, donde vemos que la mujer sigue siendo vulnerada, y vemos la problemática de la equidad de género", afirmó.
Para la dirigenta, la rebaja en la pena representa una herida abierta en la comunidad: "Saber que la pena de presidio de este homicida fue rebajada, nos parece que es el colmo de la injusticia. Eso nos lleva a preguntarnos: ¿tendrá algún beneficio más adelante? ¿Podrá salir antes? ¿Tan poco vale la vida de una persona? Verdaderamente aberrante. Igual que el caso de Nabila Rifo".
Jesicca, vecina del sector, comparte ese temor: "Me parece terrible, qué quieres que te diga. Muy mal está la justicia chilena. Las mujeres tenemos miedo de que el tipo salga en un par de años más y tome represalias en contra del sector. Vivir con miedo, eso no puede pasar".
"La justicia sigue siendo injusta para las víctimas"
La reacción en el ámbito político fue igualmente crítica. Varias parlamentarias han vinculado el fallo con la ausencia de perspectiva de género en el Poder Judicial.
Para la diputada Carolina Tello, "estos casos no pueden seguir siendo relativizados. Urge incorporar perspectiva de género en todo el sistema judicial. Por eso hemos legislado incansablemente desde el Parlamento".
Más contundente fue la diputada Nathalie Castillo, quien calificó el fallo como "inaceptable".
"Un crimen tan brutal no puede tener beneficios ni atenuantes. En el Congreso hemos legislado para que delitos de esta gravedad, donde hay violencia contra mujeres y niñas, tengan las agravantes y penas que correspondan".
"El Ministerio Público y el Poder Judicial deben actuar con perspectiva de género, porque sin ella la justicia sigue siendo injusta para las víctimas. Exigimos que nunca más se minimice la violencia hacia las mujeres", señaló.
Un fallo que reabre el debate
El caso de Camila Rojas no solo ha impactado por su crueldad, sino que vuelve a instalar la discusión sobre cómo se está aplicando la justicia en casos de violencia extrema contra mujeres y niñas.
La decisión de la Corte de Apelaciones de La Serena —al igual que lo ocurrido en Coyhaique con Mauricio Ortega— vuelve a tensionar la credibilidad del sistema judicial y la sensación de protección estatal.
La rebaja de pena no cuestiona la autoría ni la violencia del crimen, pero sí introduce un elemento de "atenuación" que muchas víctimas y organizaciones consideran incompatible con la gravedad del ataque.
En un país donde las cifras de violencia contra la mujer siguen siendo alarmantes, este tipo de fallos golpea no solo a una familia, sino a la confianza transversal en la justicia. Porque sin perspectiva de género —como subrayan especialistas y legisladoras—, la justicia no solo llega tarde: llega incompleta.
¿Qué significa esta rebaja?
En la práctica, la rebaja de pena que concedió la Corte de Apelaciones de La Serena al condenado Francisco Javier Novoa Ibaceta implica un cambio sustancial en el tiempo real de prisión y las posibilidades futuras de beneficios penitenciarios.
Inicialmente, Novoa había sido condenado a presidio perpetuo calificado, lo que significaba:
• 40 años mínimos de cárcel efectiva sin posibilidad de optar a libertad condicional ni beneficios antes de cumplirlos.
Era, en términos simples, una cadena perpetua real.
Con la nueva sentencia, la Corte le impone:
•20 años por el homicidio calificado consumado.
•15 años por el homicidio calificado frustrado.
Ambas efectivas y sucesivas, totalizando 35 años de cárcel.
Esto significa que ya no cumple una condena perpetua, sino una pena temporal acumulada, lo que abre la puerta a beneficios penitenciarios más adelante, dependiendo de su conducta y los informes de Gendarmería.
