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El impacto causado por la revelación del peritaje psiquiátrico del caso del sujeto que mató a un repartidor venezolano en Ñuñoa en diciembre de 2022 ha generado controversia. El informe del Hospital Psiquiátrico Horwitz concluye que el acusado, Tomás Aguirre, era capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto al momento del crimen, descartando la enajenación mental. La defensa cuestiona estas conclusiones, argumentando que el crimen se debió al consumo problemático de drogas y no a motivaciones xenofóbicas. El juicio oral fijado para octubre será crucial para determinar la responsabilidad de Aguirre y la posible pena por este trágico suceso.
Impacto causó la revelación del peritaje psiquiátrico del sujeto que mató en diciembre de 2022 a un repartidor venezolano en Ñuñoa, región Metropolitana.
En aquella fatídica noche, la víctima, identificada como Herbert Sánchez Cuba, de 19 años, resultó asesinado por el cliente al que entregaba un pedido.
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Por su parte, el agresor, Tomás Aguirre, entonces de 29 años, terminó detenido y quedó en prisión preventiva.
Posteriormente, la madre del trabajador fallecido presentó una querella por homicidio calificado pocos días después del asesinato, lo que dio inicio a un extenso proceso judicial.
En junio de 2023, Aguirre resultó formalizado, pero la defensa intentó frenar la causa aportando informes psiquiátricos particulares que lo situaban como inimputable.
No obstante, un peritaje elaborado en julio de 2024 por el Hospital Psiquiátrico Horwitz contradijo esa tesis.
¿Qué dijo el peritaje psiquiátrico a sujeto que mató a un repartidor venezolano en Ñuñoa?
Según reveló un reportaje de BioBioChile, el documento, de 19 páginas, estableció que si bien el acusado tiene antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, problemas de personalidad y otras patologías, que no entraremos en detalle, era capaz de distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, por lo que su responsabilidad penal se mantiene vigente.
“Los diagnósticos antes mencionados no corresponden a la categoría de enajenación mental”, postuló el texto.
“Aguirre Martínez es capaz de diferenciar una conducta lícita de una ilícita como también autodeterminar su conducta conforme a derecho. Por lo tanto, su responsabilidad en los hechos en investigación no se encuentra comprometida”, indicó.
En tanto, el abogado querellante, Víctor Mallea, valoró el informe público, aclarando que “esta causa penal se encontraba suspendida a raíz de un informe pericial particular acompañado por la defensa, donde se planteaba la hipótesis de que el imputado sufriría enfermedades mentales que habrían tenido incidencia en su actuar”.
“Tras lo anterior, es que este querellante solicitó al juez de garantía la realización de un nuevo informe a través de una institución pública que en este caso fue el hospital psiquiátrico Horwitz Barak, entidad que tras evaluar al imputado evacúa un nuevo informe donde se establece que no existen elementos que afecten al imputado y que hayan tenido alguna incidencia al momento del acometimiento”.
"Dicho informe carece de la profundidad necesaria"
Por el contrario, la defensa del acusado, encabezada por Lino Disi, cuestionó las conclusiones, puesto que aseguró que el crimen debe entenderse en el marco del consumo problemático de drogas y no por motivaciones xenofóbicas, hipótesis que en su momento la descartó la Fiscalía.
Sumado a esto, afirmó que “el interés mediático que recibió se podía entender a partir de lo irracional, incomprensible y desmedido de la conducta cometida por Tomás. Ahora, parte importante de ese mismo interés vino de un análisis infundado, apresurado e irresponsable, que intentó vincular este hecho con una supuesta motivación xenofóbica”.
“Esto fue completa y absolutamente desestimado por la investigación y, tanto es así, que no está contenido en la acusación”, complementó.
Con respecto al peritaje, el abogado sostuvo que “insistiremos en que la forma correcta de entender lo ocurrido es a través de esas circunstancias límites vinculadas al consumo compulsivo, porque solo así se explica la irracionalidad del hecho y se sitúa la discusión en los términos que corresponden conforme a derecho”.
“En este contexto, dicho informe carece de la profundidad necesaria y no indaga en los aspectos fundamentales del caso”, puntualizó.
Cabe señalar que Aguirre cumple casi tres años en prisión preventiva, sin haber solicitado su revisión.
De acuerdo con su defensor, ha intentado reparar parte del daño entregando su patrimonio a la familia de Herbert Sánchez, aunque recalcó que el imputado “está consciente del dolor que ha causado con su conducta”.
Con estas posturas contrapuestas, el juicio oral fijado para octubre será determinante para esclarecer la responsabilidad de Aguirre y definir la pena que podría enfrentar por la muerte del joven repartidor.
