Este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Pichilemu, región de O’Higgins. Lo anterior, debido a un incendio forestal que, además, mantiene a más de 62 mil hogares sin luz.

Hasta el momento, el siniestro ha arrasado una superficie de 274 hectáreas.

Asimismo, Senapred precisó que el fuego se encuentra a una “distancia promedio de 1000 metros” de la población Coguil.

Esto, teniendo en cuenta la velocidad del viento que alcanza unos 30 km/h, podría facilitar la propagación del incendio y caída de pavesas hacia la zona poblada.

Respecto al corte de energía, se trata de un incidente que afecta a varios sectores en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.

El corte de energía se produjo a raíz de la afectación de la línea de 100 kv en el sector Quelentaro.

Por ahora, 62.933 clientes se encuentran sin suministro, repartidos entre las comunas de: Pichilemu, La Estrella, Marchigue, Peralillo, Pichidegua, Litueche, Paredones, Lolol, Pumanque, Santa Cruz, Palmilla y Nancagua.

Lipigas quedó en el centro de la polémica durante el balotaje presidencial, luego de que usuarios de su aplicación recibieran mensajes con consignas políticas a favor del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.

El hecho no solo generó un inmediato rechazo en redes sociales, sino que además activó indagatorias tanto penales como administrativas, cuyas consecuencias podrían traducirse en sanciones para la compañía.

Mensajes políticos y reacción inmediata

Todo ocurrió durante la madrugada del domingo, en plena jornada electoral.

Clientes de Lipigas que tenían instalada la aplicación en sus teléfonos recibieron un mensaje con un claro contenido político.

“Lipigas con Kast #Evopoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz”

Lipigas ingresó denuncia

Las alertas se encendieron rápidamente. Ante la gravedad de lo ocurrido, la empresa ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto sabotaje informático.

Más tarde, mediante un comunicado, explicó que el sistema de mensajería de su aplicación es administrado por una empresa externa, la cual habría sufrido una intervención indebida de terceros.

Gobierno y Agencia de Ciberseguridad siguen el caso

El tema escaló a nivel gubernamental. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó la situación y fue enfático en señalar que el episodio está siendo observado con atención.

“Probablemente, ellos están haciendo la evaluación legal. Nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la Agencia de Ciberseguridad, y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan”, afirmó.

En paralelo al proceso penal, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) activó sus protocolos para analizar eventuales responsabilidades administrativas.

El foco está puesto en determinar si Lipigas cumplió con las obligaciones que impone la Ley Marco de Ciberseguridad, independiente de que el servicio de mensajería esté tercerizado.

Las sanciones que podrían venir

El director nacional de la ANCI, Daniel Álvarez, explicó a La Tercera que la agencia tiene atribuciones legales para responder a incidentes de ciberseguridad tanto en el sector público como privado.

Esto incluye analizar causas, medidas de mitigación y verificar el cumplimiento de estándares técnicos y organizativos.

“La agencia verifica si se adoptaron las medidas técnicas, organizativas y de reporte exigidas por la ley”, aseguró Álvarez, detallando además que el Csirt Nacional revisa si los reportes obligatorios se realizaron dentro del plazo inicial de tres horas.

Respecto a las consecuencias, el director fue claro: “La ley marco de ciberseguridad define sanciones que son independientes del proceso penal que eventualmente se desarrolle”.

En ese escenario, Lipigas arriesga multas u otras medidas administrativas si se determina que incumplió obligaciones legales, como no reportar oportunamente el incidente o no implementar medidas de seguridad exigidas.

Álvarez subrayó, además, que el uso de proveedores externos no libera a la empresa de su responsabilidad.

“La responsabilidad de cumplir con los estándares (…) recae en la entidad obligada, aunque contrate proveedores o terceros”, sostuvo.

Por ahora, no existen plazos definidos para el cierre de la investigación administrativa. Todo quedará sujeto al análisis de los antecedentes técnicos y regulatorios que se recopilen durante el proceso.

Un enorme escándalo generó la denuncia de un falso sacerdote que estaría oficiando en Concepción, lo cual llevó a levantar las alertas de parte de la Iglesia Católica chilena.

En ese contexto, el Arzobispado de dicha localidad emitió un comunicado para informar sobre la presencia de un individuo que, sin contar con la debida autorización, se ha presentado como cura en diversos actos litúrgicos en la comuna de Hualqui.

¿Qué se sabe sobre el caso de un falso sacerdote en Concepción?

Según informó BioBioChile, el sujeto en cuestión es Luis Guillermo Valbuena Ortega, de nacionalidad venezolana, quien ha estado celebrando misas y realizando ritos religiosos, vistiendo los ornamentos característicos de un clérigo.

La situación tomó especial relevancia durante el fin de semana del 6 al 8 de diciembre, cuando el acusado presidió varias ceremonias en el Santuario Mariano Virgen del Cerrito, en la localidad de Colico-Hualqui, con la presencia de autoridades municipales.

No obstante, el Arzobispado aclaró que no existe evidencia de que Valbuena haya recibido la ordenación sacerdotal ni cuente con autorización de la Iglesia Católica para ejercer el ministerio.

Además, subrayaron que la institución no cuenta con información completa sobre su historial personal, aunque se sabe que, hasta marzo de 2023, estuvo vinculado a la Iglesia Episcopal Anglicana de Chile, una entidad religiosa de Derecho Público con sede en Hualqui.

"Nos motiva el deber pastoral de resguardar la verdad"

Junto a lo anterior, precisaron que para que un cura pueda ejercer sus funciones en Hualqui o cualquier otra región, debe cumplir con ciertos requisitos.

Entre ellos, debe estar debidamente ordenado en la Iglesia Católica, contar con la autorización de su obispo de origen para trasladarse a otra diócesis, y obtener el permiso del obispo local.

“Nada de esto se cumple en el caso mencionado”, aseveraron.

En consecuencia, el Arzobispado señaló que los sacramentos celebrados por Valbuena no pueden ser considerados "válidos ni legítimos" desde el punto de vista de la fe católica, ya que el individuo no ha formado parte de la vida pastoral en la Arquidiócesis de Concepción.

Por último, la institución eclesiástica expresó su preocupación por la confusión y el daño que esta situación podría causar entre los fieles católicos, quienes, de buena fe, han participado en actos religiosos dirigidos por Valbuena.

"Nos motiva el deber pastoral de resguardar la verdad, así como la fe y la liturgia católica", concluyeron.