Este lunes, el Servicio Médico Legal (SML) informó la causa de muerte de Juan Andrés Peña, tesorero municipal de Las Condes.
Recordemos que el cuerpo sin vida del hombre de 62 años fue hallado por un guardia de seguridad, el pasado domingo, en uno de los baños de la casa edilicia.
Según las primeras informaciones, el funcionario habría fallecido de un paro cardiorrespiratorio, sin descartar la intervención de terceras personas, señalaron desde la Policía de Investigaciones (PDI).
SML informó causa de muerte de Juan Andrés Peña
No obstante, el SML despejó las dudas sobre el motivo del deceso de Juan Peña, indicando que murió producto de un infarto agudo al miocardio roto.
De acuerdo al análisis encomendado por la Brigada de Homicidios de la PDI al SML, se corroboró que la víctima mantenía un cuadro clínico previo coronario, lo que terminó acabando con su vida, informó BioBioChile.
Cabe señalar que la Fiscalía Metropolitana Oriente también confirmó la misma causa para el deceso de Peña.
Consignar que antes de su fallecimiento, el tesorero estaba bajo sumario administrativo por recibir millonarios pagos en asignaciones por horas extras.
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Así lo reveló un antiguo reportaje de Meganoticias. En rigor, entre octubre de 2022 y octubre de 2023, además de su sueldo de $8 millones, cobró más de $34,3 millones, por concepto de horas extras.
"Las horas extras que nosotros tenemos son pocas, en comparación con la responsabilidad funcionaria que uno tiene. Si usted me está cuestionando, mire para el lado cómo está la cosa. Es lo único que te puedo decir. Yo tengo mi conciencia tranquila", se defendió en aquella oportunidad.
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Un violento asalto a una perfumería en Quilicura dejó dos heridos a bala, incluyendo un empleado y otro cliente. Seis antisociales entraron al local, robando especies y disparando, causando heridas de bala a las víctimas. Según la policía, los delincuentes podrían ser menores de edad junto a dos adultos, quienes se movilizaron en dos vehículos. La investigación sigue en curso para determinar la cantidad de lo robado.
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Un violento asalto a una perfumería ubicada en calle Camino del Cerro, cerca del Valle Lo Campino en Quilicura, dejó al menos dos personas heridas a bala tras tiroteo.
Según información revelada por BiobioChile, cerca de seis antisociales se bajaron de un vehículo e ingresaron al local, intimidando a los presentes y robando distintas especies.
Tras unos minutos, se generó un forcejeo y, según informó la policía, los asaltantes dispararon contra el local. En medio del incidente, una de las personas que estaba atendiendo resultó herida por un impacto de bala y fue trasladada a un centro de salud.
La primera víctima permanece fuera de riesgo vital y en buen estado de salud, mientras que otra persona resultó herida de manera leve por el roce de una bala, también con condición estable.
Delincuentes que protagonizaron asalto en Quilicura serían menores de edad
Según señaló al medio antes citado, el comisario Pablo Münzenmayer, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Centro Norte (BIRO), “durante la investigación se estableció que serían menores de edad, de alrededor entre 17 a 15 años ó 16 a 17 años y un par de adultos”.
Asimismo, ratificó que "en horas de la tarde, mientras la víctima atendía su local comercial dedicado a la venta de perfumes. Hacen ingreso de manera violenta alrededor de seis sujetos, de los cuales al menos uno de ellos portaba un arma de fuego”.
Finalmente, indicó que “hasta el momento no tenemos un avalúo exacto de las especies sustraídas, ya que se está trabajando en el sitio del suceso. Según la investigación que se está realizando se habrían movilizado en dos vehículos”.
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Declaran alerta roja para comuna de Pichilemu por incendio forestal: casi 63 mil clientes sin luz
Este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para la comuna de Pichilemu, región de O’Higgins. Lo anterior, debido a un incendio forestal que, además, mantiene a más de 62 mil hogares sin luz.
Hasta el momento, el siniestro ha arrasado una superficie de 274 hectáreas.
Asimismo, Senapred precisó que el fuego se encuentra a una “distancia promedio de 1000 metros” de la población Coguil.
Esto, teniendo en cuenta la velocidad del viento que alcanza unos 30 km/h, podría facilitar la propagación del incendio y caída de pavesas hacia la zona poblada.
Respecto al corte de energía, se trata de un incidente que afecta a varios sectores en las provincias de Colchagua y Cardenal Caro.
El corte de energía se produjo a raíz de la afectación de la línea de 100 kv en el sector Quelentaro.
Por ahora, 62.933 clientes se encuentran sin suministro, repartidos entre las comunas de: Pichilemu, La Estrella, Marchigue, Peralillo, Pichidegua, Litueche, Paredones, Lolol, Pumanque, Santa Cruz, Palmilla y Nancagua.
Actualidad
¿Qué sanciones arriesga Lipigas por mensaje político en medio de elecciones presidenciales?
Lipigas quedó en el centro de la polémica durante el balotaje presidencial, luego de que usuarios de su aplicación recibieran mensajes con consignas políticas a favor del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast.
El hecho no solo generó un inmediato rechazo en redes sociales, sino que además activó indagatorias tanto penales como administrativas, cuyas consecuencias podrían traducirse en sanciones para la compañía.
Todo ocurrió durante la madrugada del domingo, en plena jornada electoral.
Clientes de Lipigas que tenían instalada la aplicación en sus teléfonos recibieron un mensaje con un claro contenido político.
“Lipigas con Kast #Evopoli. Vota por Kast #NoMigrantesDelincuentes. En Lipigas comprometidos con recuperar nuestro país! #ChileXLosChilenos #NoMigrantes #CaribeñosAlCaribe Apoya nuestro directivo Juan M. Santa Cruz”
Lipigas ingresó denuncia
Las alertas se encendieron rápidamente. Ante la gravedad de lo ocurrido, la empresa ingresó una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto sabotaje informático.
Más tarde, mediante un comunicado, explicó que el sistema de mensajería de su aplicación es administrado por una empresa externa, la cual habría sufrido una intervención indebida de terceros.
Gobierno y Agencia de Ciberseguridad siguen el caso
El tema escaló a nivel gubernamental. El ministro de Seguridad, Luis Cordero, abordó la situación y fue enfático en señalar que el episodio está siendo observado con atención.
“Probablemente, ellos están haciendo la evaluación legal. Nosotros lo estaremos observando con atención, principalmente la Agencia de Ciberseguridad, y, en función de eso, también ver las potenciales acciones que correspondan”, afirmó.
En paralelo al proceso penal, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) activó sus protocolos para analizar eventuales responsabilidades administrativas.
El foco está puesto en determinar si Lipigas cumplió con las obligaciones que impone la Ley Marco de Ciberseguridad, independiente de que el servicio de mensajería esté tercerizado.
El director nacional de la ANCI, Daniel Álvarez, explicó a La Tercera que la agencia tiene atribuciones legales para responder a incidentes de ciberseguridad tanto en el sector público como privado.
Esto incluye analizar causas, medidas de mitigación y verificar el cumplimiento de estándares técnicos y organizativos.
“La agencia verifica si se adoptaron las medidas técnicas, organizativas y de reporte exigidas por la ley”, aseguró Álvarez, detallando además que el Csirt Nacional revisa si los reportes obligatorios se realizaron dentro del plazo inicial de tres horas.
Respecto a las consecuencias, el director fue claro: “La ley marco de ciberseguridad define sanciones que son independientes del proceso penal que eventualmente se desarrolle”.
En ese escenario, Lipigas arriesga multas u otras medidas administrativas si se determina que incumplió obligaciones legales, como no reportar oportunamente el incidente o no implementar medidas de seguridad exigidas.
Álvarez subrayó, además, que el uso de proveedores externos no libera a la empresa de su responsabilidad.
“La responsabilidad de cumplir con los estándares (…) recae en la entidad obligada, aunque contrate proveedores o terceros”, sostuvo.
Por ahora, no existen plazos definidos para el cierre de la investigación administrativa. Todo quedará sujeto al análisis de los antecedentes técnicos y regulatorios que se recopilen durante el proceso.
