Desaparición de Julia Chuñil: denuncian que Fiscalía de Los Ríos perdió pruebas claves

La familia de Julia Chuñil enfrentó un duro escenario al conocer desde la Fiscalía Regional de Los Ríos una serie de omisiones en la investigación por la desaparición de la defensora ambiental mapuche, ocurrida en noviembre de 2024.

Durante la primera reunión presencial entre los persecutores y los cercanos a la joven, encabezados por la abogada Karina Riquelme, el Ministerio Público reconoció errores que afectan puntos clave del caso y que también dejaron en evidencia una notoria descoordinación interna.

Así lo dio a conocer el medio ContraPoder Chile. Los representantes de la familia expresaron preocupación por la falta de avances y por diligencias que nunca se realizaron, pese a haber sido solicitadas hace más de un año.

Uno de los aspectos más complejos surgió al confirmarse la pérdida de acceso a imágenes de cámaras de seguridad pertenecientes a Forestal Arauco, propietaria del predio ubicado junto al lugar donde Julia fue vista con vida por última vez.

La empresa explicó que no conservó las grabaciones, porque la Fiscalía solicitó los archivos más de seis meses después. Esto, cuando las imágenes ya habían sido eliminadas.

La familia recordó que, según la querella ingresada el 8 de diciembre de 2024 por la ONG Escazú Ahora, ese mismo día pidieron “revisar el perímetro en miras de cámaras u otros dispositivos de registro audiovisual (…) y confiscar el contenido, otorgándole N.U.E. correspondiente”.

Nada de eso ocurrió a tiempo, lo que les impidió acceder a evidencia considerada esencial.

Fiscales no han escuchado audios del imputado en desaparición de Julia Chuñil

El encuentro también expuso otro punto delicado: los fiscales Alejandro Ríos y Claudia Baeza admitieron que no han escuchado los audios donde el empresario Juan Carlos Morstadt presiona a la familia Chuñil.

Lo anterior, para abandonar el terreno en disputa, mediante ofrecimientos irregulares y advertencias legales.

Escazú Ahora entregó esas grabaciones en enero de 2025 a través del sistema SIAU y figuran como parte de los antecedentes del caso. Pese a eso, los persecutores señalaron que no conocen su contenido.

La Fiscalía informó además que Morstadt declaró en calidad de citado, aunque el empresario decidió ejercer su derecho a guardar silencio.

La ausencia de la fiscal regional, quien dirige una parte importante de las diligencias, generó molestia entre los presentes.

La jefa regional no acudió a la reunión ni designó a alguien en su lugar, situación que, según Karina Riquelme, “deja la mitad de la investigación fuera de la mesa. Demuestra una descoordinación inaceptable en un caso de esta envergadura”.

La abogada acusó falta de comunicación interna y un manejo tardío de pruebas que requieren análisis urgente.

Otro punto que inquietó a la familia fue la insistencia del Ministerio Público en una hipótesis que involucra a cercanos de Julia. Esto, basado en un presunto rastro de sangre en su vivienda.

Informes periciales actualizados descartaron la presencia de sangre humana. No obstante, los fiscales no entregaron razones para mantener esa línea investigativa ni presentaron una actualización que incorpore los resultados de laboratorio. La falta de claridad creó más dudas sobre el rumbo del caso.

Riquelme sostuvo que este conjunto de omisiones configura un patrón que “beneficia la impunidad y dificulta el acceso a la verdad y la justicia”.