Año a año el Ministerio de Salud inicia campañas de vacunación contra la influenza, esto para evitar la masificación de la enfermedad durante la época de invierno.
Recordemos que, en lo que va del año, 19 personas han muerto en nuestro país a causa de esa enfermedad, mientras que la campaña de inoculación alcanza casi el 85% del total de población de riesgo.
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No obstante, y de acuerdo a cifras oficiales del Minsal recopiladas por El Mercurio, entre las campañas de 2013 y 2019 más de 70 mil niños no recibieron la dosis contra la influenza porque sus padres lo impidieron.
Dentro de ese periodo el año 2017 fue por lejos en el que hubo mayor rechazo con 19.588 casos, mientras que en la actual campaña 4.619 niños no han recibido la vacuna porque sus padres así lo quisieron.
Por otro lado, el año pasado 6.688 menores dejaron de percibir el tratamiento pese a estar dentro del grupo de riesgo, lo que marca una tendencia a la baja, la que, según expertos en la materia, se debería al mayor acceso a la información.
En esa línea, la médico María Paz Acuña de la unidad de Infectología del Hospital Sótero del Río comentó al citado medio que gran parte de esa cifra corresponde a padres que por prejuicio respecto a los efectos secundarios de la vacuna.
“Las personas piensan que se van a enfermar con la vacuna (…) Puede generar algunos síntomas, como una fiebre bajísima o un poco de decaimiento, pero eso no significa que les dé influenza, porque la vacuna no tiene la capacidad de producirla”, afirmó la especialista.
En paralelo, la experta indicó que los movimientos antivacunas instalan una posverdad en la materia sobre supuestos efectos secundarios, como que la inoculación provoca autismo: “Hay mucha evidencia internacional y nacional que refuta esa afirmación”, aclara.
En este contexto, hace algunos meses en nuestro país la Corte de Apelaciones de Arica sentó un precedente tras acoger un recurso de protección interpuesto por la Municipalidad en contra de una madre que impidió el suministro de la vacuna en dos ocasiones a su hijo menor de 1 año, ordenando que el niño sea inoculado incluso con el uso de la fuerza pública si fuese necesario.