La Convención Constitucional realizó este jueves una primera votación sobre emitir una declaración por los presos del estallido social.
La mesa directiva del órgano constituyente recibió tres documentos al respecto. El primero provino de un grupo conformado por constituyentes del Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Amplio e independientes. En tanto, el segundo fue elaborado por integrantes de la Lista del Pueblo y representantes indígenas.
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Estos dos textos proponían diversos puntos para que se reconozca la “prisión política y militarización del Wallmapu”. Sin embargo, una tercera alternativa, planteada por constituyentes de la lista Vamos por Chile, estaba en contra de estas ideas y señalaba que “en Chile no existen presos políticos”.
En una primera instancia, ninguna de las propuestas alcanzó el quorum de 78 sufragios para ser elegida (52 votos para la primera opción, 49 para la segunda, 34 en contra y 16 abstenciones), por lo que se debió efectuar un segundo proceso de votación.
A través de aquel mecanismo, se escogió la primera declaración (PS, PC, FA e independientes) con 105 votos a favor, 34 en contra y 10 abstenciones. Estos resultados demuestran que constituyentes de la Lista del Pueblo y representantes indígenas decidieron sumarse a esta propuesta.
Declaración de la Convención
La declaración aprobada, que lleva los nombres de 47 personas, afirma que la Convención “tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que, claramente, contravienen el espíritu que guía su trabajo: asentar un camino de paz y justicia social para todas y todos los habitantes de nuestra comunidad política”.
“Miles de personas fueron detenidas y sometidas a condiciones ilegales, acusadas de manera injusta, arbitraria e inhumana, mientras que otro gran número nunca tuvo un debido proceso ni la aplicación de la presunción de inocencia”, consigna el escrito.
Por otra parte, se solicita máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto, el retiro de todas las querellas interpuestas que invocan la Ley de Seguridad del Estado, la inmediata desmilitarización del Wallmapu y la implementación de una política de reparación a quienes sufrieron daños desde el 18 de octubre de 2019.
“Que el Ministro de Justicia y DDHH concluya el proceso de modificación del Reglamento de Establecimientos Penitenciarios y garantice los derechos de las personas privadas de libertad de origen indígena, y aplique a su respecto de manera inmediata las disposiciones contenidas en el convenio 169 de la OIT y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas”, agrega el documento.
