Gobierno de José Antonio Kast rechazó solicitud de indulto a condenado por abuso sexual
Antes que el Gobierno transparentara el estado de las solicitudes de indulto en trámite, una de las pocas referencias públicas sobre el tema surgió en abril de este año.
Durante una sesión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, entregó un balance sobre los expedientes pendientes y explicó que la administración mantenía cerca de 28 solicitudes en revisión.
“Existen aproximadamente 20 que están desde antes del 11 de marzo del año 2026, y en las posteriores, que serían aproximadamente ocho, hay distintas materias, no todas vinculadas con lo que se llama el estallido social”, agregó.
Dos semanas después de esa intervención, el propio secretario de Estado firmó una resolución que marcó un hito dentro de la actual administración.
Según determinó Informe Especial tras acceder a antecedentes mediante la Ley de Transparencia, Rabat rechazó la solicitud de indulto presentada por un hombre de 71 años condenado en 2024 por abuso sexual reiterado contra una menor de 14 años.
Hasta ahora, ese corresponde al primer y único requerimiento de indulto tramitado por el actual Gobierno.
La investigación también reveló un aspecto poco conocido del proceso. Mientras el Estado publica de manera activa las resoluciones que conceden indultos presidenciales, no ocurre lo mismo con las solicitudes rechazadas.
Por esa razón, el citado medio solicitó al Ministerio de Justicia el detalle de los requerimientos denegados durante los últimos cinco años, lo que permitió conocer la existencia y el contenido de esta resolución.
¿Quién iba a ser el beneficiario del indulto que gobierno de Kast rechazó?
El beneficiario frustrado corresponde a J.H.C.B., quien optó por guardar silencio durante el juicio que terminó con una condena de cinco años y un día de presidio mayor en su grado mínimo por delitos sexuales cometidos entre 2017 y 2018.
Además, la sentencia estableció su inhabilitación absoluta perpetua para desempeñar cargos, oficios o profesiones vinculadas con el ámbito educacional.
Cerca de dos años después del fallo, presentó una solicitud de indulto presidencial.
El expediente ingresó al Ministerio de Justicia el 29 de enero de 2026, cuando aún gobernaba la administración anterior.
Entre los antecedentes incorporados figuraban un informe médico fechado el 12 de enero de ese año, un informe psicológico del 14 de enero y un acta elaborada por el Tribunal de Conducta del Complejo Penitenciario de Alto Hospicio.
Ese último documento recomendó expresamente no conceder el beneficio de indulto particular al condenado.
Finalmente, el 28 de abril el ministro Fernando Rabat y el subsecretario de Justicia, Luis Silva, firmaron el decreto que rechazó la petición.
La resolución fundamentó la decisión en que los argumentos de salud presentados por el solicitante no cumplían con los requisitos exigidos por la normativa vigente.
“En atención a que la petición del beneficio se funda en razones de salud, la autoridad que suscribe estima que en la especie no se configura un caso calificado en los términos del artículo 6° de la Ley N°18.050, de 1981, que Fija las Normas para Conceder Indultos Particulares (…) NO HA LUGAR“, señaló el documento.
