Detallan rol de ejecutiva de BancoEstado en red criminal desbaratada en “Operación Tokio”
Este lunes se dio a conocer la identidad de la ejecutiva bancaria involucrada la “Operación Tokio”, donde era parte de las actividades criminales de la organización.
Recordemos que este caso dejó en prisión preventiva a 14 imputados, informó BioBioChile.
Se trata de Rossana Magdalena Blanco Blanco, quien se suma a José Carlos Pérez Asencio, detenido en una sucursal de Banco Santander en calle Agustinas, Santiago.
Aunque su posición era dentro del sistema financiero, Blanco Blanco tenía un rol activo en las extorsiones del grupo: cobrar la llamada “vacuna”, obligar a mujeres a trabajar en el comercio sexual mediante la trata de personas y participar en secuestros.
Vinculación con la estructura criminal
El fiscal regional metropolitano sur, Héctor Barros, explicó en Chilevisión cómo operaba la mujer: “Ella se vinculaba principalmente a través de su pareja, en este caso, que estaba vinculada con las extorsiones y con los espectáculos nocturnos que se realizaban y desde los cuales también empezaban a extorsionar a los demás comerciantes que se dedicaban a estas funciones”.
Barros detalló, además: “Este incluso fue uno de los orígenes de la investigación en la Fiscalía Sur, puesto que a propósito de una persona que realiza fiestas en la comuna de San Ramón, la pareja de esta imputada es quien ingresa junto a Bárbara Hernández —que llaman ‘Barbie‘— a estos eventos y empiezan a tener una relación más cercana con la víctima de la extorsión”.
Origen de la Operación Tokio
La caída de la red comenzó con la extorsión a la dueña de un centro de eventos en San Ramón, cuyo inmueble fue baleado al menos 12 veces tras negarse a prestar el lugar para fiestas en Bellavista, algunas de casi un día de duración.
Esto derivó en el denominado “parcelazo” en Lampa, que culminó en un quíntuple homicidio.
En ese contexto, la “Barbie” dejó caer su celular, revelando pruebas de extorsiones, secuestros y prostitución vinculada a la trata de personas, con dineros ilícitos transferidos a más de 100 cuentas, principalmente en Colombia y Venezuela, mediante conversión a criptomonedas.
