El 2 de agosto de 2016, Paloma Aliaga y su pareja, Cristóbal Valenzuela, fueron formalizados por los delitos de estafa y uso malicioso de instrumento privado tras ser demandados por la Inmobiliaria Rightway.
La empresa aseguraba haber intermediado en la compra que hizo la pareja de dos propiedades en Vitacura. Por esa transacción, que nunca fue reconocida por Aliaga y Valenzuela, Rightway cobraba 37 millones de pesos.
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Tras pasar 90 días de investigación, Paloma y su pareja pidieron el sobreseimiento de la causa, el cual fue rechazado por el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. Posteriormente, apelaron a la Corte de Apelaciones, que el pasado martes falló a su favor.
“Sentíamos que era una situación súper injusta. Pero teníamos la seguridad de que no habíamos hecho nada malo”, señaló Paloma a LUN.
En este sentido Juan Pablo López, el abogado de Aliaga y Valenzuela, explicó que “este sobreseimiento implica que se acaba la investigación, se cae la causa criminal en contra de ellos y se sobresee. Es como si nunca hubiese existido una investigación en contra de ellos”.
“No se advierte la existencia de un contrato o un mandato de venta que establezca obligaciones entre el querellante (Rightway) y los formalizados, ni menos aún la obligación de pagar algún tipo de comisión por los supuestos servicios reclamados. No existe hecho punible a investigar porque no hay contrato que vincule a la parte querellante con nuestros representantes”, especificó el abogado.
Cristóbal señaló que el desenlace era esperado por ellos, pero igual les queda una sensación de duda por todas las personas que los creían culpables. “Esta situación nos ha perjudicado bastante en muchos aspectos de nuestra vida”, agregó Paloma, sobre la desacreditación comercial y emocional que sufrieron por este caso.
“Nos perjudicó mucho económicamente. Detrás de nosotros hay muchas familias y hubo muchos negocios que no se hicieron”, señaló Aliaga.
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