En junio pasado, se confirmó que Paulina de Allende-Salazar efectuó una demanda en contra de Mega tras ser despedida en abril.

Recordemos que la periodista interpuso esta acción legal tras su salida del canal, luego que llamara “paco” a Daniel Palma, carabinero que falleció durante un procedimiento.

Debido a esto, la profesional pidió una indemnización de $421 millones y unas disculpas públicas en pantalla.

La respuesta de Mega tras demanda de Paulina de Allende-Salazar

En ese contexto, la señal de Bethia reaccionó a este litigio, recordando una anterior sanción por un supuesto maltrato en el trabajo.

“El informe de la investigación por acoso laboral concluyó que la forma de comunicar instrucciones y supervisión por parte de la periodista genera menoscabo, humillación e inseguridad profesional, y más aún cuando no cumplen sus expectativas”, indicó el texto, según informó Glamorama.

Junto a lo anterior, el canal privado mencionó que “la denunciada, según las distintas declaraciones de testigos entrevistados, transmite una actitud de superioridad, de estar sobre cualquiera en su ámbito profesional y lo va verbalizando cada vez que interactúa con otros”.

La periodista tenía antecedentes que acreditaban que había incurrido en conductas inaceptables para el empleador”, complementó.

Finalmente, Mega cerró su descargo en contra de Paulina de Allende-Salazar asegurando que “se le advirtió a la demandante que no se tolerarían este tipo de conductas”.

“Estas infracciones contractuales futuras podían ser sancionadas con la extinción del contrato de trabajo”, sentenció.

Cabe consignar que tras la reacción de la estación, Joaquín Cabrera, el abogado de la expanelista del Mucho Gusto, explicó que “esa acusación no es veraz ni está ratificada por ninguna autoridad laboral competente. Además, está lejos de los fundamentos planteados por Mega en la carta de despido”.

“No quiero pensar que es un nuevo intento por denostar y amedrentar a una profesional de excelencia que solo está ejerciendo su derecho; el mismo que todo trabajador debiera poder reclamar sin represalias y amenazas encubiertas”, concluyó, detalló La Cuarta.