En una declaración pública emitida este martes, el Colegio de Periodistas de Chile asegura que solidariza con el dolor de la familia del funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), Luis Morales, asesinado en un lamentable y confuso operativo en la zona de Temucuicui el pasado 7 de enero.
No obstante, indicaron que rechazan “la decisión de la PDI de representar una acción judicial particular en contra del periodista José Antonio Neme, quien emitió una opinión en el medio de comunicación La Red en el cual se desempeña como trabajador”.
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Cabe señalar que Neme, en el programa Hola Chile, se refirió sobre los operativos policiales protagonizados por dicha institución, señalando que “la opinión pública no sabe qué creer, porque, la verdad, nos han acostumbrado a una serie de montajes”. Sus dichos, apuntaban al operativo de la PDI que terminó con el subprefecto muerto.
Por tales dichos, este miércoles 20 de enero, La Red y Neme fueron notificados de la presentación de un recurso de protección a favor de Paula Morales, hermana del funcionario muerto, acusando al comunicador de proferir “una serie de comentarios deshonrosos” en contra de la familia del fallecido.
“El recurso de protección contra el medio de comunicación y el periodista fue presentado por el abogado y Prefecto Inspector de la PDI, Luis Silva Barrera, lo que a criterio del Colegio de Periodistas de Chile incurre en un acto de censura que busca vulnerar el ejercicio de la libertad de prensa y de expresión. Es un grave error que las instituciones públicas amparen estas acciones cada vez que los profesionales de las comunicaciones ejercen el legítimo derecho consagrado en la Constitución y ratificado por diversos convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Chile”, señalaron en la declaración.
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El Colegio, señaló que Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, en el “Informe Anual de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2017, señaló que en Chile ‘la aplicación del derecho penal para sancionar expresiones referidas a funcionarios públicos es desproporcionada cuando se trata de un discurso protegido, como la información o expresión sobre asuntos de interés público, y viola el derecho a la libertad de expresión’”.
En esa misma línea, indicaron que el relator especial Edison Lanza, “recomienda al Estado fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo.
Por otra parte, cabe destacar que la Ley de Prensa establece que la libertad de emitir opinión contempla que en dicho ejercicio las y los profesionales no puedan ser perseguidos ni discriminados, en tanto, se reconoce a las personas “el derecho a ser informadas sobre los hechos de interés general”. Al respecto, señala el marco legal, no se puede considerar injuria cuando las opiniones tienen por motivo defender el interés público general.
“En un país democrático la libertad de expresión es fundamental para conocer el estado de las instituciones, dado el interés público que representan en la ciudadanía. Por eso, el Colegio de Periodistas de Chile considera urgente y necesario que se debata en los medios de comunicación sobre el actuar de las policías y sus protocolos institucionales, los cuales han sido cuestionados últimamente por la opinión pública y sociedad civil”, recomendaron.
Finalmente, agregaron: “La Orden solidariza y apoya al periodista José Antonio Neme y al canal La Red por abordar de manera crítica el actuar de las Fuerzas de Orden en un contexto de conflicto social y crisis sanitaria. El Colegio de Periodistas valora que se abran espacios de discusión y reflexión, sobre todo en un momento en que el periodismo debe retomar su vocación de ser un bien social de cara al proceso constituyente donde se espera se garanticen diversos derechos humanos vinculados al ejercicio del periodismo como el Derecho a la Comunicación”.
