El miércoles, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la reforma de pensiones, tras años de debate y una última tensa negociación con el Gobierno.
Con una amplia mayoría, la iniciativa quedó despachada a ley, marcando un hito en el sistema previsional del país.
Con su promulgación, explicó el presidente Gabriel Boric, Chile iniciará un proceso de transformación estructural en su sistema previsional, enfocado en equidad y sostenibilidad.
Los pilares clave de la reforma de pensiones
Aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU)
La Pensión Garantizada Universal (PGU) aumentará a $250.000, con implementación gradual.
En concreto, a los seis meses de publicada la ley, accederán beneficiarios de 82 años o más. A los 18 meses, se sumarán los de 75 años, y a los 30 meses, los mayores de 65.
Según detalló BioBioChile, el beneficio también alcanzará a pensionados bajo leyes reparatorias (Valech, Rettig, exonerados políticos) y a montepiadas de Capredena y Dipreca.
Cabe mencionar que la PGU mantendrá su focalización en el 90% más vulnerable.
La reforma establece una cotización adicional del 7% para empleadores, que se sumará al 1,5% actual del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia. Este incremento se aplicará de forma gradual en nueve años. Del total, 4,5% irá a capitalización individual de los trabajadores, y 4% al Seguro Social.
“El 2,5% financiará el Seguro de Invalidez y la compensación a mujeres, mientras el 1,5% respaldará el Aporte por Año Cotizado”, explicó la ministra Jara.
Beneficios para reducir brechas de género
Con la reforma, el Seguro Social incluye dos nuevos beneficios.
El primero es un Aporte por Año Cotizado de 0,1 UF mensuales, con tope de 25 años (2,5 UF). Mujeres con al menos 10 años cotizados accederán desde 2026; el requisito subirá a 15 años después de una década. Hombres necesitarán 20 años de cotizaciones.
El segundo es una Compensación para Mujeres por expectativa de vida, que agregará un mínimo de 0,25 UF ($9.604) a sus pensiones.
“Mujeres y hombres con igual ahorro tendrán pensiones similares”, detalló el Ministerio de Hacienda.
Se estima que 757.000 mujeres recibirán este beneficio en 2026.
Cambios en las AFP y nuevos Fondos Generacionales
Con el objetivo de fomentar competencia, cada dos años se licitará el 10% de los afiliados actuales de AFP, asignándolos a la administradora con menor comisión. Estas deberán mantener el precio por cinco años.
“Los afiliados podrán desistir o cambiarse de AFP en cualquier momento”, señala el texto.
Las AFP con más del 25% de afiliados no podrán participar en licitaciones. Los nuevos trabajadores se asignarán automáticamente a la administradora con comisión más baja.
El sistema de multifondos será reemplazado por fondos generacionales, que ajustarán el riesgo de inversión según la edad: mayor riesgo para jóvenes y menor para quienes se acerquen a la jubilación.
Cobranza centralizada y ampliación de cobertura
Otro de los pilares de la reforma de pensiones crea un sistema centralizado de cobranza de cotizaciones impagas. Distintas instituciones previsionales actuarán conjuntamente para recuperar deudas, con apoyo de la Tesorería General de la República, en etapas prejudiciales.
El Seguro de Lagunas Previsionales amplía su cobertura a beneficiarios del Seguro de Cesantía que usen sus Cuentas Individuales (CIC). Anteriormente, solo cubría a quienes accedían al Fondo Solidario de Cesantía.
Los trabajadores independientes no obligados a cotizar podrán hacerlo voluntariamente mediante convenios de pago automático renovables anualmente.
Además, familiares cercanos podrán realizar aportes solidarios a estos afiliados.
Reforma de pensiones: los próximos pasos y financiamiento
Mientras el aumento de la PGU comenzará a implementarse en seis meses, la cotización patronal del 7% iniciará su gradualidad a los 12 meses de publicada la ley.
Desde el Ministerio de Hacienda proyectan que el Aporte por Año Cotizado beneficiará a un millón 3 mil personas en 2026 (440.000 mujeres y 563.000 hombres).
El financiamiento del Seguro Social, en tanto, dependerá de estudios actuariales supervisados por el Consejo Fiscal Autónomo.
“Si se detecta insustentabilidad, el administrador del Fondo propondrá ajustes en dos meses”, señala la ley.
