Toda una polémica generó la decisión del juez Daniel Urrutia, quien autorizó videollamadas desde la cárcel a reos peligrosos.
El caso tomó relevancia no tan solo por la decisión, sino también por a quiénes involucra: cuatro presos ligados al Tren de Aragua.
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Según detalló Meganoticias, los reos podrán comunicarse con terceras personas, lo que fue cuestionado y advertido por Gendamería, ya que pondría 'en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada'.
Pese a esto, el juez Urrutia ratificó su decisión, por lo que se recurrió a la Corte de Apelaciones para alertar esto.
El ministro (S) de Justicia, Jaime Gajardo, reaccionó a la noticia tildándola de 'gravísima'.
"Estos son los líderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país. Aquí tenemos los líderes de clanes que han generado crímenes que son horrendos: extorsiones, trata de personas, secuestros, homicidios", declaró.
"Estas personas se organizan para cometer crímenes y, por lo mismo, necesitamos que rompan su vínculo con el exterior. Permitirles videollamadas es dejar en cero aquello", agregó.
¿Quién es el juez Daniel Urrutia?
Nacido en 1974, egresado del Colegio San Ignacio Alonso Ovalle y de Derecho en la Universidad de Chile, Daniel Urrutia llegó al Poder Judicial en el 2000, con un perfil ligado a la protección de los Derechos Humanos.
El juez ha sido protagonista de distintas polémicas: cambió prisión preventiva por arresto domiciliario total a trece imputados por delitos cometidos en el estallido social.
También, en una ocasión utilizó lenguaje inclusivo en un recurso de amparo presentado por las convencionales María Rivera y Manuela Royo.
“Lxs constituyentes mencionadxs fueron detenidxs por funcionarios de Carabineros y llevados a la Tercera Comisaría”
Y, finalmente, se inhabilitó del caso Pío Nono, en medio de la investigación de la caída de un adolescente de 16 años a la rivera del río Mapocho, la cual se adjudicó a un carabinero.
Un tuit que se viralizó del juez, decía que la institución de Carabineros debía ser disuelta y reemplazada "por una policía democrática, no militarizada, comunitaria, profesional y promotora y defensora de DDHH".

