Cae red de tráfico de drogas en cárcel de Alto Hospicio: 11 gendarmes quedan en prisión preventiva

Una grave denuncia sacude al sistema penitenciario del norte del país. El Juzgado de Garantía de Alto Hospicio ordenó la prisión preventiva de 11 gendarmes, acusados de participar en una organización dedicada al tráfico de drogas y otros delitos al interior del recinto penitenciario de esa comuna.

La investigación, encabezada por la Fiscalía Regional de Tarapacá junto a la PDI, busca esclarecer el funcionamiento de una presunta red criminal que operaba dentro de la cárcel, donde, según los antecedentes expuestos en la audiencia, se habrían cometido delitos de microtráfico, lavado de activos y cohecho reiterado.

La fiscal regional, Trinidad Steinert, valoró la resolución del tribunal, señalando que el juez decretó la medida cautelar “acogiendo los argumentos del Ministerio Público” y considerando “que la libertad de los imputados era peligrosa para la seguridad de la sociedad”, detalló BioBioChile.

La causa, que incluye múltiples diligencias e intervenciones, mantiene también a otros tres funcionarios bajo investigación. En su caso, el tribunal ordenó arresto domiciliario total y arraigo nacional.

Sin embargo, el Ministerio Público no quedó conforme con una de estas medidas y apeló de inmediato, por lo que la Corte de Apelaciones de Iquique deberá revisar si corresponde modificarla y aplicar prisión preventiva.

El operativo no solo afectó a personal penitenciario: otros tres civiles, presuntamente vinculados a esta red, recibieron las mismas medidas cautelares que los funcionarios que quedaron en arresto domiciliario, tal como solicitaron la Fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado.

Desde el Ministerio Público detallaron que la investigación continúa en curso y que se siguen analizando antecedentes para determinar la participación de cada imputado en los hechos que habrían permitido el ingreso y comercialización de drogas al interior del establecimiento penitenciario.

El caso ha generado especial preocupación en la región, ya que involucra directamente a funcionarios encargados de la seguridad y el resguardo de la población penal. Las próximas semanas serán clave para definir posibles nuevas formalizaciones y la resolución de la Corte respecto a las apelaciones presentadas.