Durante el miércoles el Servicio Electoral, presentó una denuncia contra el excandidato presidencial de La lista del Pueblo, Diego Ancalao, tras presentar más de 23 mil firmas que fueron validadas ante un notario muerto.
En ese sentido, el director del Servel Raúl García, comentó a La Tercera, que 23.135 fueron firmas presenciales certificadas por el notario Patricio Zaldívar Mackenna, quien falleció a inicios de este año, y no ejercía dicho cargo desde el 2018.
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“Cabe señalar que el señor Zaldívar renunció a dicho cargo en abril de 2018, conforme da cuenta la Resolución Exenta N° 1234, de fecha 06 de abril de 2018, del Presidente (s) de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, la cual acepta dicha renuncia a contar del 13 de abril de la indicada anualidad”, sostiene el escrito presentado por el organismo.
En la misma línea, según informó BioBioChile, el Servel manifestó que Ancalao presentó 9 mil firmas el día 20 de agosto, por lo que representa una irregularidad en el proceso de inscripción como candidato.
“Adicionalmente, corresponde consignar que dicho notario falleció el día 11 de febrero del presente año, siendo los patrocinios en cuestión firmados ante él, prácticamente en su totalidad, en una fecha posterior a su deceso, concentrándose su mayoría en el mes de agosto, donde habrían concurrido a patrocinar esta candidatura 11.073 personas entre los días 1 y 23 de agosto. De hecho, se advierte que tan solo el día 20 de agosto de 2021 habrían firmado ante el notario precedentemente señalado, patrocinando dicha candidatura, un total de 9.265 personas”, se explica en la querella.
Penas que arriesga Ancalao
En el mismo documento, el organismo sostiene que el excandidato presidencial vulneró el artículo 140 de la Ley 18.700 por entregar falso testimonio en la firma de un candidato independiente, que contempla penas de presidio menor en sus grados mínimo a medio y multa de una a tres unidades tribunales mensuales.
Asimismo, aseguran que se podría haber vulnerado el artículo 194 del Código Procesal Penal por falsificación de documento público, que tiene penas de presidio menor en sus grados medio a máximo.
