El Gobierno entrega distintos tipos de subsidios, que benefician a distintos grupos. Tal es el caso del Bono al Trabajo de la Mujer y del Subsidio al Empleo Joven, que pronto vencerán en el plazo para cobrar los dineros que corresponden al 2018.

Recordemos que el Subsidio al Empleo Joven es un aporte monetario para los trabajadores de entre 18 y 29 años, que perciben salarios bajos y que se encuentran en el 40% más vulnerable de la población.

Mismo objetivo tiene el Bono al Trabajo de la Mujer, que busca mejorar las remuneraciones de los trabajadoras de las familias más vulnerables.

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Si bien se realiza un pago anual en agosto, exista una reliquidación que pronto vencerá en relación a los pagos que corresponden al año anterior. Para ser exactos, será el próximo 29 de noviembre que terminará al plazo, y en caso de no retirar el dinero, este podría perderse.

Según detalló el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) hay más de 2 mil millones de pesos sin cobrar, por lo que quienes aún no han hecho el trámite pueden acercarse a cualquier sucursal del BancoEstado o ServiEstado, con la cédula de identidad vigente.

Para ser exactos hay $964.946.120 pendientes de cobro por el Subsidio al Empleo Joven; mientras que por el Bono al Trabajo de la Mujer, la cifra asciende a exactos $1.558.748.025.

¿Cómo se puede postular a estos beneficios?

Primero cabe mencionar que cualquier día del año es posible postular a estos beneficios, ya que ambos tienen llamados abiertos. En el caso del Subsidio al Empleo Joven, quienes deseen recibir los aportes del Estado deben tener una Renta Bruta Anual inferior a $5.543.260 o Renta Bruta Mensual inferior a $461.938 (valor corresponde al 2018 y que se reajusta anualmente).

Para el Bono al Trabajo de la Mujer, las trabajadoras, dependientes o independientes, deben cumplir los siguientes requisitos: tener entre 25 y 59 años de edad; y pertenecer al 40% socioeconómicamente más vulnerable de la población.

Este punto queda especificado en el tramo de Calificación Socioeconómica, que dependerá de la información aportada por una persona del hogar mayor de 18 años y por datos administrativos que tenga vigente el Estado.