Este martes se analiza en la Sala de la Cámara de Diputados la cuestión previa de la Acusación Constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.
Este proceso sellará el futuro del libelo impulsado por los partidos de oposición, quienes buscan la destitución de la secretaria de Estado. En caso que la “cuestión previa” no se acogida, la Sala deberá pronunciarse sobre el fondo de la acusación.
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En la instancia, el abogado de la ministra, Francisco Cox, pidió acoger la cuestión previa, que dividió en cuatro partes, con el fin de frenar la Acusación Constitucional.
El profesional aseguró que la titular de Educación “no ha infringido ley alguna, ni la Constitución”, añadiendo que tampoco “ha dejado de aplicar las leyes” por lo que no se sustenta una sanción tan grave como la destitución.
Sobre los cuestionados mails enviados a los apoderados con la firma de Cubillos, Cox aseguró que no revisten “gravedad alguna” por haber utilizado las bases de datos. “El consentimiento no es necesario, por lo tanto tampoco puede violarse el principio de finalidad”, afirmó.
El jurista indicó “no se han empleado herramientas que fueron creadas especialmente para evitar la trivialización de la acusación constitucional”, detallando que “no han existido ni interpelaciones ni comisiones investigadoras”.
Luego expusieron los parlamentarios de la comisión que analizó la acusación, integrada mayoritariamente por legisladores pro Gobierno que buscan que se apruebe la cuestión previa.
Los oficialistas reafirmaron los señalado previamente por el abogado de Cubillos, mientras que la diputada opositora, Maite Orsini, indicó que la ministra se equivocó con elegir como abogado a Francisco Cox, a quien respeta profesionalmente.Como era de esperar, la legisladora del Frente Amplio hace una férrea defensa a la Acusación Constitucional.
Orsini ha centrado su intervención en justificar las razones por las que sí debe avanzar el libelo acusatorio, rebatiendo punto por punto la cuestión previa que detalló anteriormente Cox.
“La Acusación Constitucional es un juicio político jurídicamente reglado”, explica la frenteamplista para justificar la plausibilidad del libelo, insistiendo en que el Ministerio de Educación ha abandonado a la Educación Pública.
“La primera señal de abandono es clara: el cargo titular de director nacional de Educación Pública (DEP) estuvo vacante desde el 30 de noviembre de 2018 hasta el 1 de julio de 2019″, afirmó Orsini.
Asimismo, la diputada centró sus críticas en el actuar de Cubillos durante el paro docente que mantuvo por semanas a miles de alumnos sin clase.
“Es incompatible ostentar aquel cargo y, en paralelo, actuar como la principal sostenedora del status quo, actuar como promotora -con recursos de todos lo chilenos y chilenas- de que haya escuelas segregadas por la capacidad de pago de los padres, en donde prime el descreme por sobre la inclusión”, aseveró también la legisladora.
“(…) la principal autoridad de Educación en Chile ha preferido comportarse como militante de la UDI en vez de como Ministra de Estado”, finalizó. La intervención de la legisladora informante terminó entre aplausos de la tribuna y colegas opositores.
A esta hora expone el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Celso Morales, presidente de la comisión informante que fue escogida al azar tras el ingreso de la AC al congreso.
El gremialista partió defendiendo a Francisco Cox como abogado de la ministra. Los diputados votaron y finalmente se resolvió rechazar la “cuestión previa” por lo que ahora se discutirá el fondo del libelo.
