En fallo unánime, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la sentencia condenatoria en contra de tres suboficiales en retiro de la Armada, por su responsabilidad en el secuestro del sacerdote de origen británico Michael Woodward Ireberry, ilícito perpetrado a partir del 22 de septiembre de 1973, en Valparaíso.
La Sala Penal del máximo tribunal del país rechazó los recursos de casación presentados en contra de la resolución que condenó a: José Manuel García Reyes a la pena de 5 años y un día de presidio, sin beneficios; Manuel Leiva Valdivieso, 5 años y un día de presidio, pero atendida la enfermedad mental que padece, fue entregado al cuidado de su hija, y Héctor Palomino López, 3 años y un día de presidio, con el beneficio de la libertad vigilada.
Asimismo, la Sala Penal ratificó las absoluciones de Carlos Miño Muñoz, Marcos Silva Bravo, Guillermo Inostroza Opazo, Luis Pinda Figueroa y Bertalino Castillo Soto, dictadas en primera instancia por el ministro en visita Julio Miranda Lillo.
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En el aspecto civil, se ratificó la sentencia que condena al fisco a pagar la suma de 100 millones de pesos a Patricia Woodward Ireberry, hermana de la víctima, por concepto de daño moral.
De acuerdo a los antecedentes de la causa, Woodward -un cura obrero conocido como el ‘padre Miguel’, fue secuestrado en Valparaíso días después del golpe de Estado.
Después de ser trasladado al Hospital Naval con graves signos de tortura se le perdió el rastro y permanece desaparecido hasta hoy.
El abogado querellante en la causa, Boris Paredes, lamentó que ningún alto mando de la Marina haya sido condenado en este caso.
