La política hacia los pueblos originarios ha sido un tema sensible y controversial para los estados modernos. En la búsqueda de soluciones aplicables, Nueva Zelanda aparece como un paradigma con sus revolucionarias medidas.

A través de tratados, acuerdos y leyes, este país ha realizado grandes esfuerzos por compensar a su etnia indígena, los maoríes, en temas de territorio y reconociendo también su derecho a estar representados en el Parlamento.

También son consultados en decisiones de trascendencia local y apoyados por el Gobierno en la creación y desarrollo de empresas, beneficios para una comunidad que representa el 15% de una población de 4,6 millones de habitantes.

Poco a poco comenzaron a insertarse en la sociedad neozelandesa, de modo que el pensamiento de los indígenas se transformó en un aporte crucial al involucrarse con la sociedad moderna, el desarrollo económico del país y hasta en el deporte con el equipo de rugby.

AFP
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¿Cómo llegaron a esto?

Para entender su historia de integración, es necesario volver al pasado. Uno de los pilares fundamentales es el Tratado de Waitangi firmado en 1840, pero que por más de cien años no fue cumplido por los colonos.

La situación se rectificó en 1975 con la creación del Tribunal de Waitangi, organismo que se dedica a revisar las reclamaciones de las tribus maoríes y entregar soluciones.

“El tratado crea las bases de la relación entre el Gobierno y los pueblos indígenas. Reconoce los derechos y obligaciones de los dos lados”, comentó a Radio Universidad de Chile Jacqueline Caine, embajadora de Nueva Zelanda en Chile durante 2018.

“Creo que a través de nuestro proceso con el Tribunal de Waitangi, hemos desarrollado una manera de escuchar las demandas de las tribus sobre las brechas de este tratado, avanzar y buscar soluciones y acuerdos entre los pueblos maoríes y el Gobierno”, agregó.

Por su parte, Richard Tauehe, empresario y líder de la tribu Waikato Tainui, destacó a El Mostrador algunos factores que han impulsado a su pueblo.

“La educación fue una herramienta importante, la otra fue el reconocimiento político de los derechos de los maoríes y de las violaciones históricas cometidas contra las tribus. Además que políticamente hemos tenido en los últimos 30 años más representación en el Parlamento”, sostuvo.

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¿Se puede aplicar en Chile?

Chile está lejos de encontrar una solución para el conflicto mapuche. En ese sentido, Richard apunta a la falta de diálogo.

“La sociedad chilena tiene que avanzar en comprender que las ventajas llegarán para todos, una vez que se fortalezca la economía mapuche. Mientras más soporte gane del Gobierno, más beneficios para la nación, como ha ocurrido en los últimos 30 años en Nueva Zelanda”, aseguró.

Para lograr eso, es necesario que los gobiernos expresen una gran voluntad política para avanzar en procesos de reconocimiento e integración. Nueva Zelanda puede ser un ejemplo para otros países, pese a carecer de un texto constitucional escrito.

“Desarrollamos la solución o el proceso que se ajusta a nuestras condiciones y por eso imagino que las comunidades y el Gobierno de Chile han querido desarrollar su propio proceso”, dijo Caine.

“No es fácil, no es un trabajo terminado. Estamos en este proceso desde hace 35 años, cuando se instauró el Tribunal (de Waitangi) que aún está escuchando casos. Obviamente es un trabajo de largo plazo”, añadió.