Un nuevo episodio se escribió en el caso que involucra a José Miguel Viñuela y el camarógrafo de Mega, José Miranda, quien sufrió un corte de pelo en medio de la transmisión de Mucho Gusto.
Ahora quien se refirió al caso fue la Dirección del Trabajo, tras la denuncia realizada por el Sindicato del canal, pocos días después de ocurrido el polémico hecho en vivo.
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El detalle justamente fue que se hizo en contra del empleador, Mega, y no específicamente contra el animador. Ante esto, y según pudo informar el diario La Tercera, el ente concluyó que no hubo vulneración de derechos de parte del canal.
Este dictamen explicó que fue “posible establecer mediante la investigación a través de declaraciones, documentos y videos que la empresa adoptó medidas oportunas, suficientes y efectivas al respecto, con lo cual no resulta posible hacer un reproche al empleador, resultando forzoso concluir la investigación como se dijo, sin indicios de vulneración por parte del empleador a los derechos fundamentales del Sr. Miranda”.
El único responsable es el animador
Junto con exculpar a Mega de lo ocurrido el pasado 16 de julio en el matinal, la Dirección del Trabajo apuntó como único responsable a José Miguel Viñuela.
Por lo mismo, el texto fue enfático en decir que su “actuación se traduce en una conducta totalmente pluriofensiva atendida a la gravedad y publicidad de los hechos, existiendo indicios suficientes de vulneración al derecho a la integridad psíquica del Sr. Miranda, al derecho al respeto y protección de su vida privada en cuanto a la autodeterminación de su imagen cual era usar el pelo largo y en relación a ello, de vulneración a su derecho a la no discriminación”.
Esta resolución fue recibida positivamente por la defensa de Miranda, que enfrenta un un juicio civil en contra de Viñuela.
“Para nosotros el dictamen es una resolución que nos favorece en el juicio que estamos llevando en materia civil en contra del señor Viñuela”, detalló el abogado Roberto Ávila, quien representa al camarógrafo que demandó al conductor por ‘daño moral’ y por una suma de $100 millones de pesos.
