Gran impacto causó el pasado 28 de diciembre el homicidio de un joven repartidor venezolano, quien fue apuñalado por un cliente furioso en el hall de un edificio de Ñuñoa.

La víctima fue Heberth Sánchez, de 19 años y con situación migratoria regularizada. Llevaba 1 año y 7 meses en Chile, y vivía con su madre y hermano menor, según reveló un informe del noticiero 24 Horas.

Tenía el sueño de ser piloto de avión, y aunque pasó las pruebas y exámenes médicos, no tenía el dinero para pagar esos estudios. Por eso, se dedicó a trabajar para ayudar económicamente a su familia.

Nada de eso impidió que el autor del crimen, Tomás Aguirre Martínez, bajara a su encuentro con un cuchillo, aparentemente molesto por la demora en la entrega. Según las primeras indagaciones, fueron menos de 15 minutos de retraso.

El asesino -un chileno de 29 años- no tenía antecedentes penales anteriores. Tras cometer el delito, tomó el pedido y subió a su departamento como si nada hubiese pasado. Incluso guardó la comida en el refrigerador, destacó el medio antes mencionado.

Chat reveló discusión previa entre cliente y repartidor: mintió diciendo que era PDI

24 Horas tuvo acceso a los mensajes que intercambió Aguirre Martínez con el repartidor mientras esperaba su pedido.

El delivery debía llegar a las 18:32. A las 18:17, Heberth le escribió al cliente para advertir la demora por una fiscalización, y su reacción no fue la mejor.

Herberth: “Amigo, tuve un inconveniente porque al lado del mall estaban fiscalizando”.

Tomás: “No es culpa mía, ¿dónde está mi pedido?”.

Herberth: “Yo tengo su pedido, sé que no es su culpa”.

Tomás: “Que no falte nada, ni la bebida. Estaré esperando abajo”.

Herberth: “Y si falta la bebida ¿qué? ¿está amenazando? Yo no soy ladrón, le dije que le voy a llevar su pedido y que yo lo tengo”.

Tomás: “Pagué por la bebida. Si no está, sería un robo. Trabajo en la PDI, así que espero que llegue todo en su lugar, más encima siendo fiscalizado”.

Además de poner en duda la entrega de todos sus productos, el asesino le mintió y lo amenazó diciendo que era funcionario de la Policía de Investigaciones (PDI) y que no aceptaría ser víctima de robo.

La madre pondrá una querella por homicidio calificado para pedir la pena máxima, y no descartan invocar la Ley Zamudio como agravante.

“Estaríamos en presencia de un crimen de odio. No nos cabe duda que la nacionalidad y el origen de nuestro representado serían circunstancias que motivaron al imputado a quitarle la vida”, dijo Víctor Mallea, abogado querellante.