Una carabinera fue formalizada este lunes por los delitos de cohecho agravado y violación de secreto, luego de ser acusada de datear a un sujeto investigado por narcotráfico.
De acuerdo a BioBioChile, los hechos se remontan a julio de 2020, cuando Camila Cáceres Gálvez, funcionaria de la Primera Comisaría de Angol, pidió a cambio “requerimientos de índole sentimental”.
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Según el Ministerio Público, la mujer entregó información clave a Roberto Carlos Soto Soto, quien estaba con arresto domiciliario total por tráfico de drogas.
Fue ahí cuando la funcionaria llamó por teléfono al sujeto para advertirle en qué días y horarios irían los carabineros a su casa, sin sospechar que la línea del hombre estaba siendo intervenida.
De esta manera, el imputado debía aprovechar aquellos días en los que los uniformados no concurrían hasta su casa para ir a visitar a la carabinera.
Ahí es donde, a juicio de la fiscalía, se configura el delito de cohecho pasivo agravado, al haber ella solicitado un beneficio a cambio de la entrega de información calificada como secreta.
Los mensajes entre la carabinera y el narco
En Contigo en la mañana revelaron los mensajes que se enviaron ambos investigados. “Hoy día es probable que no vayan, ¿me entiendes?”, le señaló la carabinera. “Sí, ya caché”, contestó el hombre.
En otra conversación, ella preguntó. “¿Puedo ir a verlo más tarde en la noche?”. Él responde: “No sabría decirle porque tenemos visita”.
Luego, ella insiste: “Pero un ratito, afuerita, ahí donde siempre… ¿entonces no se puede?”. El hombre respondió: “Pucha, altiro no sé, pero si me arresta un ratito, a la esquinita afuera, todo se puede hacer”.
“Igual piola, pero tiene que ser más de noche sí, más oscurito. Ya, cuídate loquillo, ahí te voy a estar avisando”, dijo de vuelta la funcionaria.
Mientras que en otro diálogo, se aprecia cómo claramente le alerta sobre las visitas de sus colegas. “Me van a avisar cuando vayan a tu casa, no los polis que van, otros que igual tienen cacho de eso. Lo voy a llamar haciéndome el loco para saber”.
A la funcionaria, quien fue dada de baja, se le impuso las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual. La fiscalía fijó un plazo de investigación de 60 días.
