A finales de junio, un grupo de siete concejales acusaron a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú, de “notable abandono de deberes y graves faltas a la probidad administrativa”.
“El objetivo que tenemos los siete denunciantes es que no exista impunidad por el daño que se le hizo a la comuna, a sus vecinas y vecinos, con el despilfarro de recursos de la gestión anterior”, explicó en dicha ocasión Ka Quiroz, concejala y presidenta de Comunes, a La Tercera.
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En el marco de estas acusaciones, este miércoles en Contigo en la Mañana, informaron que los concejales buscan inhabilitar a la exedil para ejercer cargos públicos dentro de los próximos cinco años.
Uno de los cuestionamientos principales son los dos mil millones de pesos que presuntamente habría gastado Cathy Barriga en un viaje a Mendoza que duró cuatro días, al cual habrían ido 70 personas.
“La alcaldesa se podría haber gastado 10 pesos o dos mil millones, pero el problema más grande aquí es que de manera constante y repetida, ella infringió normas que producen que no se haya respetado la probidad”, dijo Ka Quiroz al programa de CHV.
“No existía ni una norma, ni presupuesto municipal, ni nada que regulase este viaje”, afirmó.
Elizabeth González, concejala de Maipú, afirmó que “Ella fue con funcionarios públicos a ese viaje, que no está dentro de la potestad de un alcalde, no tiene asidero. También se cuestionó este viaje porque estaban haciendo claro uso de recursos públicos para ello”.
Además, cuando la exalcaldesa fue cuestionada por dicho viaje, nunca respondió. “Cuántas veces ella no pasó las cosas por el Concejo. De hecho, ahora nos estamos dando cuenta de muchas cosas que no se vieron en la administración pasada”, agregó González.
Posibles sanciones
Según el abogado Felipe Rojas, consultado por el programa, el tribunal electoral solo está facultado para realizar sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“Sin embargo, si en el desarrollo de este juicio se pueden acreditar hechos constitutivos de delito, nada impide que el Ministerio Público pueda iniciar una investigación penal”, informó.
Además, aseguró que “por cierto tipo de delitos como malversación de caudales públicos o fraude al Fisco, las penas podrían llegar a ser de entre tres a cinco años y un día de cárcel. Existe una posibilidad real de que haya una pena efectiva”.
Por otro lado, según las investigaciones penales que se puedan abrir a raíz del caso, se podría generar, entre otras sanciones, la restitución de los fondos, si se comprueba que hubo un desvío o mal uso de fondos públicos.
