Durante los últimos diez años, diversas personalidades han sufrido la intervención de sus teléfonos por parte de Carabineros.

Los llamados “pinchazos” telefónicos están amparados por la Ley de Inteligencia, siempre que la información “sea estrictamente indispensable” y “no pueda ser obtenida de fuentes abiertas”, indicó Ciper.

Entre diciembre de 2017 y febrero de 2018, la Dirección de Inteligencia de Carabineros (Dipolcar) escuchó conversaciones de diferentes famosos.

Entre ello se encuentran los humoristas Álvaro Salas, Jorge Alís y Daniel Alcaíno; el periodista Carlos Zárate, y los representantes de Stefan Kramer, Denise Rosenthal y Camila Gallardo.

Además, según el documento filtrado, Dipolcar intervino conversaciones de al menos 221 personas de la región de la Araucanía entre 2008 y 2018.

El caso de Daniel Alcaíno

Uno de los números intervenidos fue el de Luisa Fernanda Zaldúa, socia de Latina Producciones.

Desde diciembre de 2017 hasta febrero de 2018, Dipolcar escuchó y grabó conversaciones de ella con humoristas, cantantes y managers.

La afectada no sabía que sus conversaciones fueron escuchadas por Carabineros. Agregó que no hubo motivos para hacerlo, ya que tanto ella como su empresa siembre cumplieron con la ley.

La Corte de Apelaciones de Temuco autorizó la intervención de su celular porque se creyó que era el número de Daniel Alcaíno.

En medio de la Operación Huracan, el actor fue señalado como una de las personas que financiaron la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).

Sin embargo, la base de esta acusación eran chats de WhatsApp inventados por funcionarios policiales, supuestamente obtenidos por Antorcha, software que, posteriormente, se demostró que nunca funcionó.

Durante los meses previos a la intercepción de las llamadas, den 2017, las rutinas de Alcaíno como Yerko Puchento en Vértigo fueron críticas con el alto mando policial, e incluso dijo: “No estoy dispuesto a ser respetuoso con los que son ladrones en este país”.

“Pinchazo” por caso Catrillanca

Otro de los teléfonos interceptados fue el de Nelson Miranda Urrutia, quien fue abogado de la familia Catrillanca tras la muerte del comunero, en diversas ocasiones.

“La existencia de una organización criminal vinculada al terrorismo, colocación de artefactos explosivos, entre otro tipo de ilícitos”, dijo Carabineros para solicitar la intervención de su número.

“Tenía sospechas fundadas de que mi teléfono estaba ‘pinchado’, básicamente por mi labor de defensa de algunos miembros del pueblo mapuche, lo que a su vez está motivado en un sesgo político e ideológico de Carabineros”, señaló el abogado a Ciper.