El viernes el presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, firmó el proyecto para aprobar el Tratado de Escazú.
Durante su discurso desde La Moneda, el Jefe de Estado señaló que se trata del “primer acuerdo vinculante del mundo respecto a la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental, en una región en donde esta lucha ya ha costado muchas vidas”.
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Además, aseguró que la firma del proyecto, primero en ser enviado al Congreso para su aprobación, “da cuenta del sentido de urgencia con el que entendemos la crisis climática y la protección de los derechos humanos de quienes defienden nuestro entorno”.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú (Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe) debe su nombre a una pequeña localidad de Costa Rica. Se refiere a un tratado internacional medioambiental, promovido en su génesis por dicho país y Chile.
De acuerdo a Unicef, es una herramienta para la protección del medio ambiente y los derechos humanos, que busca garantizar: acceso a la información, participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina.
Si bien fue promovido por nuestro país en sus inicios, en septiembre de 2018 la entonces ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmidt, anunció que Chile postergaría la firma del tratado y finalmente, informó el 22 de septiembre de 2020 que no se adheriría al pacto.
Según consignó BioBioChile, el motivo fue que el Gobierno manifestó que su firma crearía “incertidumbre jurídica”, pues existían obligaciones ambiguas y esto podría afectar la igualdad ante la ley.
Sin embargo, a fines de 2021 y con la liberación de información desde los “Pandora Papers”, se vinculó este rechazo del exmandatario a un vinculo contractual entre su familia, Carlos Alberto Délano y la Minera Dominga.
Esto significó una acusación constitucional contra Sebastián Piñera, la que finalmente fue rechazada por el Senado.
Cabe destacar que el acuerdo fue firmado por 24 países de la región y ratificado por 12 de ellos: Argentina, México, Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, Panamá, Saint Kiss y Nevis, San Vicente y Granadinas, Santa Lucía y Uruguay.
¿Qué garantiza?
Para la Cepal, Escazú “nos conmina a reflexionar sobre el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la construcción de un desarrollo más sostenible, inclusivo e integrador”.
Adicionalmente, Unicef puntualiza que:
– Establece objetivos para que las personas puedan tener acceso a la información ambiental.
– Las personas pueden ser consultadas en los procesos de toma de decisiones ambientales.
– Porque pueden acudir a la justicia para casos por afectaciones al ambiente.
– Porque promueve la defensa de los derechos de las personas defensoras del medio ambiente y el respeto por los derechos de los pueblos indígenas y comunidades locales.
