La actual administración del presidente Sebastián Piñera enfrenta una dura polémica a propósito del proyecto de Pensión Garantizada Universal (PGU), una de sus últimas propuestas legislativas antes de dejar La Moneda.
Esto, porque si bien la iniciativa ya fue aprobada por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, su sustento económico y tributario aún está en entredicho por parte de parlamentarios de oposición y economistas.
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Las críticas desde el equipo de Boric
Desde el comando de Gabriel Boric, su jefe político, Giorgio Jackson, calificó como complejo el probable apoyo del nuevo gobierno al proyecto, catalogándolo como fiscalmente irresponsable.
Lo anterior, luego de una carta publicada en El Mercurio de los economistas Andrea Repetto, José De Gregorio, Rodrigo Valdés y Eduardo Engel, cuestionando el financiamiento de la Pensión Garantizada Universal.
“El Gobierno propone que se gaste un punto adicional del PIB. Pero parte de su financiamiento consiste en desahorrar del Fondo de Reserva de Pensiones y en aprovechar un menor gasto en pensiones del sistema antiguo que ya se usó hace tiempo en financiar reformas previas”, advirtieron.
“Supone utilizar supuestas holguras que no son otra cosa que un espacio fiscal fantasioso que depende de proyecciones poco realistas”, agregaron.
Gobierno respondió a las críticas
Al respecto, a través de la misma vía, la directora de Presupuestos, Cristina Torres, respondió a las críticas, apuntando además a la necesidad de aprobar este proyecto a la brevedad.
“Tanto la administración anterior como este gobierno han impulsado iniciativas hoy trabadas en el debate legislativo, y los pensionados no merecen seguir esperando”, escribió.
“La solución está a la vuelta de la esquina y, dejando de lado la estrechez política, si este proyecto se aprueba, su pago en febrero mejorará la calidad de vida de los adultos mayores”, señaló Torres.
Por otro lado, y ante el cuestionamiento por separar el proyecto en dos, dejando el Informe Financiero aparte, Torres pidió que “tan reconocidos técnicos puedan relevar la importancia de aprobar dicha iniciativa de la mano de la PGU”.
Directora de Presupuestos defendió financiamiento de la PGU
Respecto al fondo de las críticas, relativo al financiamiento, la directora de Presupuestos detalló los aspectos técnicos de la propuesta.
“Primero, se cuenta con 0,35% del PIB que se recaudarán a través de las citadas exenciones tributarias”, explicó.
“Segundo, 0,1% del PIB proviene de una modificación al aporte obligatorio que debe realizarse al Fondo de Reserva de Pensiones. Este fue creado con el objeto de completar el financiamiento de obligaciones fiscales derivadas del Pilar Solidario”, añadió.
“Lo que se hace no es utilizar los más de US$7.400 millones ahorrados, sino que se modifica su regla de ahorro, pasando del 0,2% del PIB de aporte obligatorio a un 0,1% para contribuir al financiamiento de la PGU y el otro 0,1% del PIB se seguirá ahorrando”, dijo.
“Y, tercero, 0,5% del PIB ya está contemplado en las provisiones comprometidas del Tesoro Público de Presupuesto 2022, que acaba de aprobar el Congreso, donde se encuentran más de $900.000 millones para la Reforma Previsional”, sentenció.
“Para los años siguientes, en el Programa Financiamiento de Mediano Plazo 2023-2016, también en los gastos, se considera aproximadamente 0,5% del PIB para dicho fin”, cerró Torres.
Torres desmintió “holguras”
Por otro lado, replicó el cuestionamiento respecto a las “holguras” a las que aludieron en su carta los economistas, algunos de ellos directamente vinculados al equipo económico de Gabriel Boric.
“En la misiva se señala que el financiamiento proviene de ‘holguras’, lo que no es correcto. Parte del financiamiento de la PGU, como se dijo, ya se encuentra en las estimaciones de gastos comprometidos, lo que difiere de las holguras fiscales”, sostuvo.
“La responsabilidad fiscal es tarea de todos y el eje central de esta administración ha sido su resguardo, donde no es prudente confundir conceptos técnicos”, concluyó Torres.
