La Contraloría General de la República iniciará un sumario administrativo al interior de la subsecretaría de Prevención del Delito (SPD), tras detectar una serie de anomalías en la adjudicación de una licitación a la empresa Motorola por la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros.
En concreto, el organismo fiscalizador detectó que no existió “constancia de la revisión efectuada por la comisión evaluadora que sustente el Acta de Evaluación” de la licitación realizada por la institución dirigida, en ese entonces, por la RN Katherine Martorell.
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Además, se estableció que las ofertas de Motorola y la empresa de Tecnologías Sociales Limitada no detallaron en sus anexos si los equipos contaban con “post recording de 120 segundos” como lo exigía la norma, por lo que sus ofertas debieron declararse inadmisibles, cuestión que no ocurrió.
Pero uno de los antecedentes más graves que contiene el informe, es que la institución que dirige Jorge Bermúdez verificó que “no existe evidencia que al momento de la entrega de las cámaras por parte de la empresa Motorola a la Subsecretaría, estos hayan cumplido con los requisitos exigidos en las bases de estudio”, señala el documento.
Todos los antecedentes contenidos en el escrito fueron remitidos por la Contraloría a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.
ARISTA PEGASUS
Pero antes del Informe Final de la Contraloría, ya se había instalado un manto de cuestionamientos a dicho proceso. Esto porque a mediados de este año la firma Pegasus presentó una querella por delitos de corrupción ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
Tal como reveló la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 30 de junio pasado, los ilícitos que invoca la acción legal son fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.
En simple, el libelo acusatorio de la firma internacional sostuvo que el concurso presentó una serie de vicios que a su juicio permitieron que Motorola se adjudicara la licitación.
“Este proceso licitatorio, absolutamente viciado, sólo buscaba esconder un trato directo, en perjuicio del erario nacional, disfrazando o simulando una licitación pública”, versa la presentación patrocinada por la abogada Monserrat Rodríguez.
