Este domingo, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) dio a conocer un nuevo trabajo denominado “Pandora Papers”, el que acusó a líderes mundiales que escondieron fortunas para no pagar impuestos.
La revelación de informaciones también alcanzó al presidente Sebastián Piñera. Según informó Ciper Chile, las familias Piñera y Délano sellaron la compraventa de la minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas en 2010, un paraíso fiscal, durante su primer mandato.
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Tras la información, el Gobierno emitió un comunicado donde descartó de lleno la participación del mandatario, asegurando que “los hechos mencionados respecto de la venta de minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017”.
“La Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, agregaron.
Habló Piñera
El mandatario respondió esta tarde a lo revelado por el reportaje en un punto de prensa. “Desde el mes de abril del 2009, hace más de 12 años, y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares”, dijo.
“Los hechos mencionados en ese reportaje no son nuevos, fueron públicamente conocidos por los medios de comunicación en 2017. Además, fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y resueltos por los tribunales”, agregó.
Asimismo, sostuvo que “probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información era de público conocimiento y había sido investigada por la justicia el año 2017”.
“Ni mi familia ni yo tenemos sociedad de inversión constituidas en el extranjero”, aclaró.
Por último, fue enfático en señalar que “jamás he dejado de privilegiar el interés público, el bien común, por sobre cualquier otro interés”.
Cabe recordar que la operación se llevó a cabo en las Islas Vírgenes Británicas, donde se firmó un contrato que establecía un pago en tres cuotas. La última dependía de que no hubiera cambios regulatorios que obstaculizaran la instalación de la mina y su puerto.
