El pasado 17 de febrero se le perdió el rastro a Tomás Bravo, en Caripilún, una zona rural de la provincia de Arauco. El niño de 3 años y 7 meses desapareció mientras arriaba animales con su tío abuelo.
“Fuimos a buscar a las vacas, las encontramos, recorrimos un poco el sector los dos, y después llegamos a una parte donde quedó él y yo bajé a buscar los animales y lo dejé solito ahí. Al momento de volver no lo encontré”, detalló el tío abuelo del menor de edad, quien fue la última persona que lo vio con vida. “Cuando yo salí a buscarlo no estaba, yo grité y no me habló, no dijo nada, no contestó”, agregó en su primer testimonio.
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Problemas en la búsqueda
A 6 meses de su hallazgo, Estefanía Gutiérrez, madre del niño, acusó irregularidades en la búsqueda. “El procedimiento estuvo todo mal hecho desde un principio. Si no hubiese sido así, sabríamos lo que pasó con mi hijo”, recriminó en una reciente entrevista con Hola Chile de La Red.
“Siempre digo, si lo hubiesen buscado mejor o con otros protocolos, lo habrían encontrado con vida (…) Nosotros le pedíamos que extendieran la zona de búsqueda, en bodegas, casas lejanas. A mí parecer eso no se hizo“, añadió.
Asimismo, la abuela materna del menor de edad, Elisa Martínez, enfatizó en la hipótesis del secuestro y en la “mala disposición” del fiscal y la policía. “Ellos siempre quisieron encontrar a un niño muerto, y que estaba en nuestra casa, eso era lo que pensaban. Ellos creían más en las videntes“, criticó.
Fue así como tras nueve días de extensa búsqueda en Arauco, Tomás fue hallado sin vida, a dos kilómetros aproximadamente del sitio donde se vio por última vez.
“Se encontró un cuerpo que coincidía con las características y ropas con las que se encontraba Tomás el día de la desaparición. Se logró encontrar el cuerpo de Tomás. Coinciden las características físicas y las ropas“, aseguró el fiscal José Ortiz en ese momento.
“Hay hallazgos de gotas de sangre y un intento de hacer una excavación en la cercanía de donde se encontró el cuerpo”, precisó el persecutor el 26 de febrero.
Tío abuelo sindicado como el principal sospechoso
Por lo anterior, Jorge Escobar, tío abuelo de la víctima, fue detenido inmediatamente por personal de la PDI, por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte del niño.
“Es un dolor muy grande que él esté en este momento detenido, pero hasta que no se compruebe que él es culpable, él sigue siendo inocente”, enfatizó en ese momento Elisa Martínez, abuela de Tomás.
Sin embargo, durante la formalización de Escobar, la Defensoría Penal Pública expuso sus alegatos, donde refutaron la tesis de la Fiscalía, afirmando que de acuerdo al pre informe presentado por el Servicio Médico Legal, la causa de muerte del menor de edad no era concluyente.
De ese modo, el pasado 2 de marzo, y tras más de 6 horas de audiencia, la jueza descartó la prisión preventiva para el hombre, quedando en libertad días después.
“Si bien (Escobar) fue la última persona con la que estuvo el menor en vida, tampoco existen elementos incriminatorios que hayan sido recogidos, y que lo puedan vincular con el delito de homicidio“, argumentó la jueza durante la resolución.
En este contexto, recientemente la Defensoría Penal Pública de Cañete solicitará el cierre de la investigación y el sobreseimiento de Escobar.
Fiscal fue removido
El 3 de marzo pasado, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, decidió remover del caso al persecutor José Ortiz. En su lugar, se designó a la Fiscal Regional del Bío Bío, Marcela Cartagena, para dirigir la investigación penal.
Según comunicó el Ministerio Público, esta designación se fundó “debido a la gravedad y complejidad de la investigación, así como también a nuevos antecedentes incorporados a la causa que harían necesaria la designación de la Fiscal Regional“.
Polémica filtración de la autopsia del SML
Un mes después, se filtró el informe de autopsia realizado por el Servicio Médico Legal. En dicho documento se especificaba que la causa de muerte del niño fue “accidental”.
Específicamente, aseguraron que el deceso se produjo por “hipotermia e inanición”, que es la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. De igual forma, indicaron que la data de muerte del niño era de 5 días, es decir, había fallecido 4 días después de su desaparición.
Considerando esos antecedentes, se puso en duda la hipótesis inicial del Ministerio Público, respecto a una presunta agresión sexual.
No obstante, estos resultados fueron cuestionados por la fiscal Cartagena. “Las conclusiones del Servicio Médico Legal proponen una, que a mí me parece precipitada, desde el punto de vista que faltan cuestiones que efectivamente estamos haciendo y que debieron tener en cuenta”, argumentó en ese entonces.
Asimismo, los padres de Tomás repudiaron la filtración del informe. “La persona que realizó ese acto delictual no sabe el tremendo daño que le ha ocasionado a Estefanía, a mí y a toda la familia“, criticó Moisés Bravo.
“Me imagino que después de saber esto se tomarán acciones por lo que pasó. Tiene que haber un castigo, porque fue una falta de respeto lo que pasó”, añadió Gutiérrez, madre del niño.
Cabe señalar que el Servicio Médico Legal inició un sumario para dar con el responsable que filtró el informe de autopsia a la prensa.
Informe de la Fiscalía
El pasado martes, la Fiscalía Regional del Bío Bío descartó que la muerte de Tomás Bravo haya sido accidental. “La indagatoria se concentra, desde ahora, únicamente en la línea investigativa de que su fallecimiento ocurrió por la intervención de terceras personas”, precisaron.
En este contexto, el abogado querellante, Alejandro Espinoza, recalcó que “se concluye categóricamente que esta intervención de terceros corresponde a un varón adulto”.
Peritaje en el extranjero
Según información de Radio Bío Bío, un peritaje recibido desde el extranjero, acredita la hipótesis que ha tenido la Fiscalía, sobre que el menor de edad fue víctima de una agresión sexual a manos de un adulto.
Aquello contradice lo que señaló el Servicio Médico Legal respecto a una muerte natural, tanto por inanición como por frío.
Recordemos que el próximo 2 de septiembre se cumple el plazo legal de 6 meses que otorgó el Juzgado de Garantía de Arauco para investigar la desaparición y muerte del niño.
