La Asociación de Aseguradoras de Chile informó que recurrirá al Tribunal Constitucional, en el marco del requerimiento presentado por el presidente Sebastián Piñera, con relación al tercer retiro del 10% aprobado en el Congreso.
De esta forma, el organismo solicitó que se decreten audiencias públicas en las que el gremio pueda plantear su postura, pues consideran que las personas pensionadas en esta modalidad tienen un contrato distinto.
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“Esta vez, junto a ese derecho a retirar fondos previsionales, el proyecto de reforma constitucional pretende otorgar a los pensionados en modalidad de renta vitalicia el derecho a obtener un adelanto de sus rentas, igualando así, artificialmente, situaciones jurídicas y económicas del todo diferentes”, señala el escrito al cual tuvo acceso La Tercera.
Sin fondos
A su vez, las aseguradoras señalan que de una u otra forma habrá quienes se queden sin fondos de pensiones, lo que tendrá un impacto inmediato en sus ingresos y “con todo cual se instalará, además, una fuerte presión en las arcas fiscales por un lapso difícil de definir”.
En tanto, también precisan que el retiro del 10% en la modalidad rentas vitalicias, recaerá directamente en la industria de las aseguradoras, pues “deberán liquidar masivamente inversiones que, por el giro de negocios, son de largo plazo, lo que acarreará un castigo”.
“El daño mayor no es ese, sino el que resulta de constatar que las rentas que pretenden adelantarse, por su naturaleza, jurídicamente no existen, pues nacen día a día, de manera que no están aún y no es seguro que lleguen a estar, en el patrimonio de los asegurados, por lo que no hay nada que anticipar, con lo que el pago que pretende posibilitarse ha de salir directamente de los patrimonios de las aseguradoras”, sostienen.
Aporte del Estado sobre las rentas
Por otra parte, el gremio manifestó que la crisis económica que enfrenta el país es una carga pública, por tanto el Estado debería hacerse cargo de ello, y no recurrir a los privados, pues “importa un quiebre de los principios de igual repartición de las cargas públicas y seguridad jurídica, basales a la democracia constitucional”.
“Los diversos tratados internacionales y acuerdos de protección de inversiones han consagrado, para los inversionistas extranjeros, el derecho al trato justo y equitativo y la proscripción de la expropiación regulatoria”, enfatizaron.
