Los diputados de la bancada UDI, Cristhian Moreira y Álvaro Carter, valoraron que finalmente el Congreso haya aprobado y despachado un proyecto de ley que ingresaron a mediados de 2019, y que busca evitar que cada año los chilenos pierdan alrededor de $1.200 millones por la inactividad de las tarjetas Bip!, considerando que en la actualidad los saldos quedan suspendidos cuando sus dueños no la ocupan dentro de un año.
Al respecto, los parlamentarios gremialistas aseguraron que era “absurdo” que los chilenos perdieran sus recursos por no usar durante ese tiempo las tarjetas, por lo que decidieron presentar una iniciativa que esta semana fue despachada definitivamente en el Congreso, por lo que en los próximos días se convertirá en ley y entrará en vigor.
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En esa línea, Moreira y Carter explicaron que desde ahora en adelante, los saldos en las tarjetas pasarán de durar uno a dos años. Pero además, los parlamentarios señalaron que cuando se cumpla ese tiempo, los usuarios podrán pedir que se extienda por un año más dicha vigencia -llegando a los tres años-, o bien solicitar que les transfieran los saldos a otro medio de pago que sirva en el sistema de transporte público.
“Estamos muy contentos con que finalmente este proyecto se haya aprobado y en los próximos días se convierta en ley, porque era realmente absurdo que las personas perdieran sus saldos si es que dejaban de usar las tarjetas. Basta con ver lo que ha ocurrido en esta pandemia, donde muchas personas comenzaron a hacer teletrabajo y dejaron de usar las Bip!, lo que no es razón para que les quiten sus recursos”, comentaron los parlamentarios UDI.
Por último, los legisladores explicaron que la nueva ley también extiende a cinco años la vigencia de los saldos en las tarjetas con el sistema ABT (Account Based Ticketing), de manera de evitar que cada año se sigan perdiendo millones de recursos.
“Lo que ocurre hoy es similar a como si un billete tuviera fecha de vencimiento. Así de insólita es la situación y por eso era sumamente necesario legislar en favor de esos millones de chilenos, en especial de clase media y más vulnerables, que ocupan en su mayoría el transporte público. Era un acto de justicia que hoy por fin es una realidad”, valoraron los diputados Moreira y Carter.
