Carabineros determinó dar de baja a tres funcionarios de la institución que habrían omitido información en el caso que terminó con el supuesto doble parricidio ocurrido en San Bernardo.

Se trata de un hecho ocurrido la noche del martes, cuando en una vivienda de la comuna se encontró a un hombre junto a sus dos hijas de 3 y 11 años, todos ellos sin vida.

Según información de la Brigada de Homicidios de la PDI, que indaga el crimen, todo indica que el progenitor identificado como Luciano Jaque Araneda asesinó con un revolver a las dos niñas y luego se suicidó.

Pero, ¿por qué fueron dados de baja los uniformados? Según información a la que accedió Radio Bío Bío, todo se remonta al día anterior al crimen, el lunes 12 de abril.

Mal procedimiento

Ese día, un tribunal de familia ordenó que las dos niñas fueran retiradas del domicilio para que se fueran con su madre. La diligencia fue encargada a la 62º Comisaría de San Bernardo.

Sin embargo, funcionarios de dicha unidad repararon en que la casa estaba en la jurisdicción de la 14º Comisaría de San Bernardo, por lo que personal de ambos recintos fueron al lugar.

Allí, la madre y el padre de las menores de edad se trenzaron en una discusión y finalmente no se fueron, porque aparentemente la mamá no quería la tuición de las niñas, según se informó al tribunal.

Al otro día, el mismo en que ocurrió el crimen, el papá fue durante la mañana hasta la 14º Comisaría y presentó una denuncia contra la mujer por abandono de hogar. Luego, esa noche, habría cometido el doble parricidio.

Tras lo ocurrido, Carabineros comenzó a revisar los sucesos previos a las muertes, descubriendo que había omisión de información importante en las actas, esto en ambas comisarías.

Según pudo conocer Radio Bío Bío, existe un parte (número 169) enviado por Carabineros al tribunal de familia donde se le informa que no se dio el cúmplase de la orden, ya que la madre no quería la tuición de las niñas.

Carabineros confirmó la situación previa al parricidio

La información de la baja fue confirmada por el general Marcelo Araya, jefe de la Zona Metropolitana, quien señaló que “se detectaron errores procedimentales graves en una denuncia de violencia intrafamiliar acogida el lunes 12 de abril”.

Por ello, señaló, se realizó un sumario administrativo que determinó la más alta sanción para los uniformados involucrados, que es la baja de quienes tuvieron participación directa; y se informó de la situación al Ministerio Público ante la gravedad de los hechos.