Con datos actualizados al 28 de enero, la Fiscalía elaboró un informe donde se indica que fueron 8.581 las causas que se abrieron por violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social en Chile.
De ellas, 2.013 fueron reagrupadas con otros procesos, y 6.568 quedaron activas. Sin embargo, el 46% de ellas (3.050 causas) ya fueron cerradas sin formalizaciones, y en su mayoría sin verdaderos avances. Las principales razones fueron falta de pruebas y víctimas inubicables. Según el informe, solo una se cerró con sentencia condenatoria.
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En un documento que fue entregado a Ciper Chile por el organismo del Estado, queda en evidencia que se archivaron, no perseveraron o quedaron sin investigación 3.050 causas asociadas a las manifestaciones que comenzaron la semana del 18 de octubre de 2019. “Tenemos una falta de recursos en general, pero además es necesario focalizar. Ha habido demora en la entrega de información de parte de las policías”, explicó la directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público, Ymay Ortiz, al medio antes mencionado.
El detalle de las causas
Las cifras revelan que más de 8 mil personas habrían sido víctimas de agresiones por parte de agentes del Estado entre el día del estallido social y el 31 de marzo de 2020.
De las causas que quedaron activas, las que fueron cerradas sin formalizados se dividen de la siguiente manera:
-2.774 causas archivadas provisionalmente sin avances, principalmente por falta de pruebas o porque no se pudo ubicar a las víctimas.
-218 en que la Fiscalía decidió no perseverar, con la aprobación de los juzgados de garantía.
-58 en que la Fiscalía optó por no iniciar la investigación.
-El informe de la Fiscalía indica que solo una causa se cerró con una sentencia condenatoria (cinco años de libertad vigilada).
-Otras 15 concluyeron con sobreseimiento definitivo.
-En 19 casos el cierre se debe a “anulación administrativa”.
-En 2 causas se invocó el “principio de oportunidad”
-En las 2 últimas solo se mencionan “otras causales de término”.
Según Ymay Ortiz, el cese de las indagaciones por falta de pruebas o imposibilidad de ubicar a las víctimas tiene su origen en “un problema de temor y desconfianza de las personas hacia el sistema”.
El 29 de julio de 2020 se confirmó una única sentencia condenatoria en el Juzgado de Garantía de Rancagua. En el juicio abreviado, fue condenado por homicidio frustrado -con una pena de cinco años de libertad vigilada- el carabinero Juan Gabriel Maulén Báez, pues lanzó una bomba lacrimógena a la cabeza de un manifestante el 13 de diciembre de 2019. El disparo fue a una distancia de 8,5 metros y por la espalda.
La directora de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio Público señaló que, a finales de enero pasado, la Fiscalía tenía registrados a 97 agentes del Estado formalizados por violaciones a los derechos humanos: 92 funcionarios pertenecen a Carabineros, 4 al Ejército y uno a la Armada.
Sin embargo, el Ministerio Público identificó desde 2020 a 466 uniformados que habrían participado en este mismo tipo de crímenes. Sobre eso, Ortiz observó que antes de proceder a formalizar, el organismo debe contar con antecedentes suficientes para sostener su imputación, y no siempre existen los elementos de prueba necesarios.
Falta de pruebas
En relación a la búsqueda de pruebas, la mujer señaló que faltan recursos humanos en las policías, y eso impide realizar con prontitud todas las diligencias. Por otro lado, la pandemia obligó a suspender algunos peritajes, como la aplicación del Protocolo de Estambul.
Se trata de un procedimiento clínico y sicológico que se usa mundialmente para determinar la existencia de tortura. En Chile este protocolo es aplicado por el Servicio Médico Legal y el Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico.
Por ser escenario de movilizaciones muy sucesivas, los sitios del suceso son constantemente alterados. Eso mismo dificulta obtener evidencias. Además, algunos procedimientos policiales irregulares, como el desnudamiento de detenidos, no están tipificados propiamente como delito.
El Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJAS), un organismo creado en 1999 por la Organización de Estados Americanos (OEA), sostuvo en un informe que las investigaciones dirigidas por el Ministerio Público en Chile no estarían cumpliendo los estándares internacionales en esta materia.
No se cumple el estándar
Karinna Fernández, abogada defensora de derechos humanos, dijo que la incapacidad del Estado para investigar delitos de esta magnitud en democracia es un problema estructural y de larga data.
“Desde antes de la revuelta social, teníamos denuncias de niños que perdieron los ojos en el marco de protestas sociales, y esos casos siguen en la impunidad”, señaló. Y añadió: “Esta es una situación que en Chile venía perpetrándose desde hace años. Yo misma solicité en septiembre de 2019 una audiencia sobre el particular con el fiscal nacional, Jorge Abbott, la que no me fue concedida”.
El bullado caso de la actriz María Paz Grandjean es un ejemplo de que no se han cumplido los estándares internacionales en investigación de delitos por derechos humanos.
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“Fue impactada por una bomba lacrimógena el mismo 18 de octubre de 2019 a las 20:00 y recién le tomaron su primera declaración policial en septiembre de 2020, casi un año después. O sea, en su mayoría, los agresores siguen armados y en las calles, como por ejemplo en el caso de los asesinos de Alex Núñez”, indicó la abogada.
La académica de la Universidad de Chile, Mirna Villegas, sostuvo que “no se puede soslayar que un volumen importante de casos no fue investigado (…) Es cierto que muchas personas decidieron no perseverar con las acciones judiciales por desconfianza o temor, pero el Estado debe hacerse cargo de ello”.
La especialista agrega que la falta de interés de algunas personas por judicializar las agresiones sufridas tiene relación con el apoyo discursivo que el Estado entrega a las policías, “señalando, por ejemplo, que las violaciones a los derechos humanos son situaciones aisladas”.
Corte internacional
Carlos Margotta, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, cree que la situación termina de configurar un escenario que empuja a tomar acciones judiciales internacionales. “Hay una omisión de entregar justicia de parte de los tribunales y de investigar por el lado del Ministerio Público, en relación a crímenes contra la humanidad”, dijo a Ciper Chile.
Por otro lado, profundizó agregando que “estamos asistiendo a un comportamiento asimétrico del Poder Judicial frente a las causas que se investigan tanto por violaciones a los derechos humanos, como por hechos asociados a la protesta social”.
Según Margotta, estarían dados los supuestos jurídicos que permitirían a la Corte Penal Internacional tomar conocimiento de las causas: “Hay crímenes contra la humanidad y ausencia de investigación de los mismos”, concluyó.
