En el Senado se analizó en los últimos días la urgencia de terminar con los incumplimientos de pensión alimenticia.
Hasta el 19 de marzo, según informó la Cámara Alta en su sitio web, habrá plazo para que los legisladores y el Ejecutivo presenten mejoras a la redacción de un proyecto en primer trámite, que establece medidas para asegurar el pago de las deudas por concepto de alimentos.
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La moción tiene por objeto permitir que en algunos casos sea la Sociedad Administradora del Fondo de Cesantía (AFC) la que asuma los pagos mensuales, como consecuencia de la aplicación de la Ley de Protección del Empleo, y que la obligación del descuento por planilla que tenía el empleador sea asumida durante el tiempo de la suspensión del contrato de trabajo por dicha sociedad.
En detalle, el proyecto buscará obligar a los empleadores a informar a la AFC de todos los trabajadores que se acojan a la Ley de Protección del Empleo y respecto de los cuales existan órdenes judiciales de retención de parte de sus remuneraciones por causa de pago de pensiones alimenticias.
Lo anterior, “con el objeto que la AFC continúe efectuando mensualmente el descuento y pago correspondiente directamente al alimentario, a su representante legal, o a la persona a cuyo cuidado esté, mientras dure la suspensión del contrato”, explicó el Senado en una nota de prensa.
Asimismo, el proyecto propone que la retención señalada no exima al trabajador de cumplir enteramente lo ordenado por la sentencia cuando los fondos de las cuotas mensuales entregadas por la Sociedad AFC no sean suficientes para cubrir el monto periódico de la pensión de alimentos.
“Es importante aprobar esto porque la deuda de alimentos se ha tomado la agenda. Nos preocupa que las personas que se acogen al Seguro de Cesantía puedan evadir el pago. Tenemos que ver cómo actualizar esta propuesta porque ha ido avanzando la Ley de Protección del Empleo y muchos trabajadores han agotado los fondos”, comentó la senadora Isabel Allende.
La senadora Ximena Rincón celebró esta moción y complementó que el Estado no puede ser cómplice de estos incumplimientos, “por eso presentamos proyectos para subsanar estos impagos”.
En similar línea, la legisladora Marcela Sabat recordó que el retiro del 10% de las AFP “dio cuenta de una triste realidad que se debe cambiar” y que la idea es aplicar herramientas “para garantizar un derecho legítimo”.
Por último, el senador José Miguel Durana opinó que “hay que evitar cualquier mecanismo que permita evitar el cumplimiento de esta obligación”.
