Un reciente reportaje publicado por diario El Día, abordó los errores del sistema de protección y justicia en el caso de Melissa Chávez Ardiles (12), quien fue asesinada al interior de su casa en Villa Talinay en Coquimbo.
En este contexto, se revelaron antecedentes previos a la muerte de la menor de edad. Según consigna el medio digital, en 2010 el padrastro de Melissa, Luis Santander, fue denunciado por abuso sexual en contra de la niña, quien en ese momento tenía dos años.
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No obstante, la madre de la víctima y pareja del acusado, Mirta Ardiles, no habría insistido en esta acusación. “Tampoco se conoce hasta dónde llegó la investigación antes de ser archivada”, detallan.
Cabe señalar que a raíz de esta denuncia, la madre de Melissa perdió su tuición en octubre de 2014, quedando la niña al cuidado de su tía paterna.
Posteriormente Ardiles fue derivada por un Tribunal de Familia, a un programa de diagnóstico pericial. Tras buenos resultados, y asegurar que había cortado la relación con Santander, la mujer recuperó la tuición de Melissa en 2016.
“Ella mintió respecto a su relación con Luis Santander, no sólo al tribunal, sino que también a la familia. Decía haberlo dejado y no tener ningún lazo con el individuo, pero sólo porque era una exigencia del programa para poder recuperar a Melissa, quien, de lo contrario, terminaría en algún hogar de menores”, detalla el diario nacional.
Error en la investigación
Blanca Díaz, presidenta de la organización “Defensa de la Infancia desde la Sociedad Civil”, consideró gravísimo que se haya archivado la causa por abusos sexuales contra Santander.
“Inmediatamente ingresada la causa, se dispone de una persona que está en forma permanente, durante las 24 horas, atento a las instancias de defensa y de denuncia a las que pueden y debieran acceder los menores. ¿Por qué este no apuró ni presionó para la realización de peritajes ni se cumplió el proceso de denuncia con Melissa? Creo que el gran error es que este sistema busca la ‘rehabilitación’ del padre o madre vulnerador”, planteó.
Aún así, Díaz destacó que la Defensoría de la Niñez ha actuado de manera muy diligente durante la etapa de formalización de la madre por los delitos de parricidio e incendio. Esto a diferencia de otras instancias similares, donde se han declarado incompetentes.
