La fiesta realizada en Cachagua ha sido el tema de las últimas semanas, luego de que el balneario registrara un importante aumento en el número de casos.
De esta forma, Fiscalía ya se encuentra realizando una serie de diligencias para dar con los responsables del evento masivo luego que se presentaran tres querellas y dos denuncias, donde a la fecha se han detectado 40 contagiados y otros 100 contactos estrechos, mientras un asistente permanece inubicable.
También puedes leer
Todas las acciones judiciales presentadas por las autoridades de Valparaíso apuntan a Samuel Israel un conocido piloto de rally, quien también figura en la denuncia de la Municipalidad de Zapallar. Asimismo, se mantiene en investigación el restorán Santo Diablo, donde se realizó una de las fiestas.
Pero mientras estas siguen avanzando su curso en el Ministerio Público, la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medioambiente y Patrimonio Cultural (BIDEMA) de la PDI, está a cargo de la querella presentada por el seremi de Salud, Francisco Álvarez, quien manifestó la serie de dificultades que han puesto las personas que han sido entrevistadas en el proceso.
Según informó La Tercera, serían 30 las personas que estarían faltando a la verdad de acuerdo a Fiscalía, tanto así que incluso algunos se niegan a responder, mientras otros, estando contagiados, niegan haber participado del evento pese a que aparecen en los registros que se viralizaron en redes sociales.
A su vez, otros jóvenes han mostrado su rechazo a realizarse un test PCR; entregan relatos contradictorios y otros que se resisten a dar las identidades de otros asistentes. De hecho, mientras PDI realizaba la trazabilidad entre contactos estrechos, se percataron que una madre negó conocer a su hijo.
¿Qué penas arriesgan?
De acuerdo al Ministerio Público, aquellos padres o asistentes a la fiesta que no colaboren con la trazabilidad, “se les puede pedir audiencia de formalización, y yo me inclinaría a que sería un delito en contra la salud pública. Ahora bien, si aparecen imputados y estos no tienen obligación de confesar, nosotros tenemos que probarlo. En el caso en que llamemos a testigos, y que el tribunal determine que sus testimonios son falsos, ahí habría obstrucción a la justicia”, explicó al citado medio el fiscal Cortez.
Por otra parte, el responsable del restorán Santo Diablo también podría verse perjudicado, enfrentando una multa que va desde las 6 UTM, mientras que el piloto de Rally que llamó a la fiesta realizada en Aguas Claras, la pena podría ser privativa de libertad.
