El Séptimo Juzgado Civil de Santiago dictó sentencia y ordenó al Estado pagar más de $3.700 millones de indemnización por daño moral a las familias de los reos que murieron en el incendio que afectó a la Cárcel de San Miguel.
El hecho se registró el 8 de diciembre de 2010, cuando 81 internos fallecieron debido a un siniestro producido tras una riña entre reclusos.
En la causa se establece que el recinto penitenciario no contaba con vías de evacuación y presentaba un hacinamiento del 300%.
Con esos antecedentes, la magistrada Carolina Ramírez Reyes estableció la responsabilidad del Estado por falta de servicio y ordenó el pago de una indemnización total de $3.791.500.000 (tres mil setecientos noventa y un millones quinientos mil pesos), distribuidos en montos que van desde $3.000.000 (tres millones de pesos) a $112.000.000 (ciento doce millones de pesos), según el grupo familiar o afectado.
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Lo anterior, respecto a 72 internos fallecidos y a 13 reclusos que sobrevivieron al siniestro.
Para el tribunal, “las autoridades penitenciarias no podían menos que prever que el hacinamiento, la inexistencia de medidas de evacuación, la inexistencia o ausencia de comunicación de un plan de incendios, el exiguo número de funcionarios a cargo de población penal, la escasa o nula preparación bomberil de los funcionarios de gendarmería y las desbordadas conductas de los internos, convertían a estos cilindros de gas en una bomba de tiempo para la seguridad de la población penal; y por lo mismo, teniendo como antecedente que los balones de gas eran un objeto no deseado, y sólo permitidos porque los recursos fiscales destinados a alimentación de los internos eran insuficientes, debía restringirse su cantidad y controlar la forma de operarlos”.
Asimismo, establece que “llama la atención la tardanza con la que se llevó a cabo el rescate de los internos del ala norte, pues tal pareciera que nadie fue capaz de advertir -en un primer momento- que la vida de estos estaba en peligro, procediéndose a su rescate solo una vez abandonada las labores de rescate de los internos del área sur”.
De esta forma, las indemnizaciones dependen de la realidad de cada familia demandante, siendo la más alta de $150 millones.
La resolución es en primera instancia, por lo tanto, puede ser apelada por el Consejo de Defensa del Estado.
Revisa a continuación el detalle del fallo:
