El ministro del Interior, Víctor Pérez, señaló este miércoles que Sebastián Zamora, carabinero acusado de empujar a un joven en el puente Pío Nono, tenía más de una cámara no informada a la institución.
Agregó que la cámara que portaba el día del hecho por el cual se encuentra en prisión preventiva ya se encuentra en poder de Fiscalía tras un procedimiento de la PDI, desmintiendo información entregada minutos antes por la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe.
También puedes leer
“La PDI concurrió ayer a la unidad donde cumplía sus funciones y requisó una serie de elementos, entre ellos dos cámaras privadas“, dijo.
Pérez agregó que si bien no está prohibido que los carabineros porten cámaras personales, sí es una falta grave no declararla a la institución, ya que en caso de investigaciones judiciales deben entregarse todos los antecedentes.
El secretario de Estado dijo que se enteró sobre la existencia de la cámara ayer, tras una reunión sobre materias policiales y de defensa. Tras la cita, el general director de Carabineros, Mario Rozas, le comentó a Pérez sobre la situación.
“En ese mismo momento, instruimos a Carabineros a entregar todos los antecedentes con la máxima transparencia a la Fiscalía”, añadió.
Junto con ello, Pérez señaló que “la razón por la cual el carabinero le habría entregado esta información a su abogada, según los dichos de la misma abogada, es que la cámara mostraría que él no habría realizado la acción que en este momento se le imputa”.
Minutos más tarde, indicó que no se puede decir que Carabineros no ha entregado toda la información sobre este caso ya que la institución no conocía la existencia de la cámara hasta que el imputado se lo comentó a su abogada.
Expulsión
Zamora, quien se encuentra en prisión preventiva desde el domingo pasado, saldrá de la institución uniformada según se informó anoche, esto luego que su defensa informara a la Fiscalía Centro Norte que el día de los hechos él portaba la mencionada cámara personal.
La medida se tomó debido a que Zamora omitió esa información, lo cual para Carabineros es una grave falta administrativa.
“La omisión de este hecho hecho constituye una grave falta administrativa, ya que existen instrucciones que norman el uso de cámaras personales en procedimientos policiales. El incumplimiento de este principio resulta inaceptable y es causal de expulsión de la institución, razón por la cual se inició el correspondiente proceso administrativo”, señaló la institución en un comunicado.
