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2020-06-30T11:58:34-04:00 30 junio, 2020, a las 11:58Publicado por: Susana Muñoz
La información es de BioBioChile

Compra de cámaras para Carabineros desata investigación por corrupción contra Katherine Martorell

Reportaje
Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell llegando al Palacio de la Moneda para realizar un punto de prensa, donde se informarán sobre resultados operativos de Carabineros de chile durante la ultima semana durante la pandemia por Covid-19, Santiago.
CONTEXTO | Katherine Martorell | Ailen Díaz | Agencia UNO

La subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell, convocó a una licitación para adquirir cámaras corporales a Carabineros cuya base de concurso establecía que los aparatos debían contar obligatoriamente con la función de “pre y post grabado”. 

La licitación la ganó la multinacional Motorola -con poco más de 378 millones de pesos-, pero la base obligatoria no se cumplió y una de las empresas que no llegó a la final se querelló por delitos de corrupción contra la subsecretaria Martorell, acusando un entramado criminal para favorecer a Motorola.

El pasado 11 de marzo la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell (RN), adjudicó una licitación a la empresa Motorola por más de $378 millones, adquiriendo así 300 cámaras corporales para Carabineros.

Sin embargo, lo que pudo ser un concurso más, se convirtió en un dolor de cabeza para Martorell, luego que la firma Pegasus -uno de los oferentes excluidos- interpusiera una querella en su contra por delitos de corrupción en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que incluye a los cinco miembros de la Comisión Evaluadora. El libelo ya fue admitido a tramitación y enviado a la Fiscalía Centro Norte.

La firma -representante de la multinacional Hytera– acusó que hubo un verdadero entramado criminal de falsificaciones, prevaricación y fraude al fisco en la entidad, con el único fin de favorecer a Motorola.

Lea la querella

Y es que a juicio de los querellantes las captadoras de imágenes vendidas por la multinacional, poseen solo “pre grabado”, en circunstancias que las bases de licitación establecían, además de este último requisito, el “post grabado”.

El sistema opera así: un funcionario de carabineros calza la cámara en el chaleco antibalas y una vez encendida, comienza el sistema de pre-grabado de 120 segundos que se almacenan en una memoria temporal. Si activa la grabación normal los 120 segundos anteriores se adosarán al video. El post grabado, en tanto, implica que una vez que el efectivo presiona el botón para terminar el registro, de forma automática corren otros 120 segundos, que se agregan al final de la captación, convirtiéndolo en un solo archivo. Ahí, nuevamente el pregrabado se reinicia.

Básicamente la fórmula permite obtener mayor cantidad imágenes para presentarlas en investigaciones judiciales, ya sea en casos de delincuencia o violencia policial.

El pregrabado sí lo posee la cámara Motorola, de acuerdo a la información publicada por la propia empresa en su sitio web de noticias y en los documentos que subió el portal Mercado Público como participante de la licitación, pero el post grabado no aparece por ninguna parte.

Los hechos descritos en la querella, podrían tratarse del típico caso: la empresa que no ganó inicia acciones legales inclinen la balanza a su favor y ganar el concurso . No obstante hay detalles llamativos. La misma Pegasus presentó un recurso de reclamación a Martorell el 16 de marzo, argumentando anomalías en la adjudicación, toda vez que su propuesta era $131 millones más barata que Motorola. Y que por cierto cumplía con todos los requisitos, agregó en la presentación.

La respuesta de la subsecretaria -el pasado 28 de abril- fue rechazar las alegaciones formuladas por la firma y aseguró que las cámaras contaban con pre y post recording. Y agregó que para mayor abundamiento los funcionarios evaluadores de las ofertas buscaron en internet información técnica, para confirmar que el sistema tecnológico ofertado por Motorola era real.

La complicación para Martorell es que el Ministerio Público está obligado a enviar los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para que evalúe los antecedentes y una eventual querella por fraude el fisco. Y ello porque no está claro si las cámaras con “pre recording” -y no con “post recording”- eran más baratas por las que el fisco pagó $378 millones o si, eventualmente, eligió esta última opción por alguna decisión hasta ahora hasta ahora desconocida.

Por unos pesos de más

El mismo 6 de marzo de 2020, la Comisión de Evaluación entregó su informe, tal como consta en el documento al que accedió este medio. De los ocho participantes, seis quedaron excluidos, fundamentalmente por supuestas falencias en la oferta técnica y la instancia optó por dejar solo a dos licitantes en carrera.

De acuerdo al acta firmada por los cinco supuestos expertos, las mejores alternativas eran Smart Partner -que alcanzó un ponderado de 92,87 puntos- a diferencia de los 62,20 de Motorola, que en los documentos comerciales almacenados en la plataforma de compras pública.s no detalla en ninguna parte que la cámara ofrecida cuenta con “post recording”.

Entre ambas compañías seleccionadas, eso sí, había una diferencia: el precio. Incluyendo impuestos, Smart partners ofertó poco más de $463 millones, mientras que la Motorola ofreció una cifra levemente superior a los $378 millones.

Con los datos en mano, la subsecretaria Martorell se vio obligada a elegir a Motorola, ya que solo contaba con $440 millones de la billetera fiscal, tal como establece el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, fechado el 9 de marzo pasado.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío cruzó información de esta licitación y descubrió varios hechos irregulares. Por ejemplo, el punto 5.3 de las bases del concurso indica expresamente que cualquier oferta económica que “excediera el presupuesto disponible” sería excluida por la Subsecretaría, apenas ocurrida la apertura electrónica.

Pues bien, el Acta de Evaluación está fechada el 6 de marzo de 2020 y el certificado presupuestario el 9 del mismo mes. En otras palabras, se colige que la comisión revisora conocía de antemano el dinero disponible.

Se suma a ello un elemento adicional. En el mismo documento, el comité de expertos cita la resolución exenta Nº2494 del 30 de diciembre de 2019, en la cual se detalla que el presupuesto máximo para la licitación que ganó Motorola era precisamente de $440 millones.

Debido a lo anterior, Smart Partners (Axon) nunca debió ser evaluada desde el punto vista técnico ni menos quedar en la final del concurso, ni incluido en el cuadro de honor de los oferentes seleccionados. En otras palabras, se le permitió superar esa evaluación pasando por alto las bases de la licitación.

Con los datos entregados por los especialistas, la única chance que tenía Martorell de que Carabineros contara con cámaras de última generación, era elegir a Motorola. Y así ocurrió el 11 de marzo de 2020, a través de la resolución adjudicatoria Nº 493.

El gerente general y representante legal de la favorecida, Alberto Valdivieso, de seguro estaba feliz. En lo estrictamente formal conoció a Martorell el 8 de agosto de 2018 a las 16.10 horas.

La adjudicación a Motorola fue un balde de agua fría para los representantes de Axon. Y esto porque era un secreto a voces que esta última sería la ganadora de la licitación, luego que a principios de 2020 vendiera 300 cámaras de última generación a Carabineros por poco más de $464 millones de pesos vía trato directo. Es decir, un valor “casi” igual a lo ofertado en la Subsecretaría de Prevención del Delito.

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío revisó el portal de Mercado Público con el RUT de la multinacional para conocer su experiencia en la venta de cámaras con entidades del Estado. La búsqueda arrojó como resultado que era la primera vez.

En la plataforma también aparece que la compañía -en abril pasado- firmó un contrato por más $459 millones, con la Jefatura Nacional de Inteligencia de la PDI proveyendo radiocomunicadores.

El contrato cero

Luego que el 11 de marzo la subsecretaria Katherine Martorell adjudicó la licitación a Motorola, cinco de los seis oferentes excluidos en primera instancia (sin contar a Smart and Partners) comprendieron que la decisión estaba tomada y no había vuelta atrás.

Sin embargo, el 16 de marzo Pegasus ingresó un recurso de reposición ante la Subsecretaría, en el que argumentaba que hubo anomalías graves en el proceso, solicitando que se revocara la decisión ya que por precio y cumplimiento de las bases, debió ser la elegida.

Vea la oferta de Motorola

Mientras un equipo de la Subsecretaría de Prevención del Delito preparaba la respuesta a Pegasus, Katherine Martorell firmó el decreto exento Nº 406 aprobando el contrato con Motorola.

El acuerdo de voluntades consta de 96 páginas donde se describen los alcances y responsabilidades de ambas partes y también las características que deben tener las 300 cámaras en “los términos contenidos en la propuesta entregada por la empresa”.

Lea el contrato

A renglón seguido, agrega cuáles son las características obligatorias de los aparatos adquiridos y “que al menos debe ajustarse a los mínimos siguientes”. En el listado que sigue en la página 5, uno de los requisitos inevitables era precisamente “pre and post recording”.

Al contrato mencionado se le adosó la propuesta técnica presentada por Motorola en la licitación, fechado el 28 de febrero de 2020. De su lectura se colige que el requisito exigido tampoco aparece.

ADN digital

La Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, indagó los metadatos de los archivos que aparecen citados en la resolución firmada por Martorell y el primero de ellos fue creado el 25 de marzo pasado y el segundo el 16 de abril.

En otras palabras, no son los mismos que tuvo a la vista Comisión de Evaluación -el 6 de marzo de 2020- y aparecen creados por primera vez entre el reclamo de la empresa del 16 de marzo, la firma del contrato y la resolución rubricada por Martorell el 28 de abril que rechazó el reclamo de Pegasus.

Este medio también revisó los metadatos de los archivos que Motorola subió al portal de Mercado Público, y supuestamente el panel de expertos analizó. Su creación es del 25 de febrero de 2020, es decir, poco días que se cerrará la recepción de antecedentes para participar en la licitación.

En resumen: a distintas fechas, distintos documentos sobre un mismo modelo de producto.

Delitos de corrupción

La resolución 731 llegó a manos de Pegasus el 1 de junio pasado y recién ahí sus ejecutivos tomaron conocimiento que los evaluadores habían revisado en internet para corroborar y sumar mayores detalles a la presentación de Motorola, sin que en el Acta de Evaluación quedara establecido. La firma también revisó los metadatos de los archivos y viró de inmediato hacia una estrategia judicial.

El hecho derivó en una querella en contra de Martorell y los evaluadores por delitos de corrupción ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Los ilícitos que invoca la acción legal -que ya fue acogida a tramitación- son fraude al fisco, falsificación de instrumento público y prevaricación administrativa.

Una cuestión semántica

En conversación con la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío, Martorell descartó que existieran anomalías en el actuar de la comisión y que la decisión de comprar las 300 cámaras a Motorola fue acertada.

“Tengo la absoluta certeza de que aquí no ha existido la intención de defraudar. Confío plenamente en los funcionarios que han trabajado en esta licitación. Confío también en las decisiones que se han adoptado porque para mí la probidad es clave”, aseguró.

¿El problema es semántico y no real, subsecretaría?

– Yo estoy convencida que es de tipo semántico y no real. La cámara tiene, tuvo y presentó (con un certificado) la función de post grabado.

Respecto del libelo en su contra por delitos de corrupción, Martorell dijo que evalúa acciones legales en contra de la empresa Pegasus.

“Me parece indignante. Nunca he tenido ningún acto cercano a la corrupción. La probidad es parte de la forma en cómo he desarrollado mi función pública, siempre. Y en el servicio público la probidad es el desde. Estoy evaluando acciones criminales y también civiles, porque el daño a la honra que se está haciendo a las personas que trabajan en la Subsecretaría de Prevención del Delito y a mí, no las voy tolerar porque no tienen ningún tipo de asidero”, concluyó.

Este medio envió 30 preguntas a Motorola requiriendo información sobre las características de las cámaras que entregaron a Carabineros, pero hasta el cierre de esta edición seguían evaluando las consultas.

Lea el reportaje completo aquí.

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