Este martes, el dueño de Línea Azul, Marcelo Hernández, abandonó el recinto penal de Rancagua tras pagar una fianza de $200 millones. El empresario llevaba 10 meses en prisión, mientras se investigaba su presunta responsabilidad tras el accidente que cobró la vida de 6 personas y dejó 46 lesionados.

En concreto, Hernández fue formalizado en 2019 por los delitos de circulación de vehículo utilizando placa patente que correspondiere a otro móvil, homicidio y lesiones de pasajeros en el bus que volcó en San Francisco de Mostazal, en la región de O’Higgins.

Su defensa, encabezada por el abogado Juan Carlos Manríquez, reiteró que el fallo de la Corte Suprema que confirmó el amparo a su favor “ratifica el hecho que fue constatado que el señor Hernández Sandoval ha recibido un trato que ha agravado más allá de lo tolerable su situación procesal”.

El ejecutivo deberá continuar bajo la medida cautelar de arresto domiciliario, luego que la Corte Suprema confirmara el amparo a su favor y ordenara su libertad a cambio del pago de una fianza de $200 millones.

El fallo del máximo tribunal –entre otros puntos- estableció que su permanencia en cárcel aumentaba el riesgo de contagio de COVID-19, pues se encuentra dentro de la población de riesgo por enfermedades previas, y según recalcó su defensa, la resolución ratifica el criterio de aplicación directa de los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos y el principio precautorio ante el riesgo de contagio de personas que padecen enfermedades base.