Este jueves, se desató una polémica producto de que la directora del Trabajo subrogante, Camila Jordán Lapostol, firmó el Dictamen 1283/006, en el marco de la emergencia sanitaria nacional que se vive producto de la pandemia de coronavirus.
En su punto central, este dictamen exime a los empleadores del pago de sueldo de sus trabajadores en caso de que no puedan cumplir sus funciones debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa Chile.
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En el documento de cinco páginas se explica que las medidas restrictivas ejercidas por las autoridades (cuarentena, cordón sanitario o toque de queda) configuran un motivo de fuerza de mayor, lo que “exonera a ambas partes de las obligaciones reciprocas que les impone el contrato de trabajo”, consignó BioBioChile.
Con lo anterior, y dicho con otras palabras, se libera al trabajador de asistir a prestar los servicios para los cuales fue contratado, en tanto que al empleador se le exime dar el trabajo convenido, además del pago de la remuneración.
Para llegar a dicha decisión, la Dirección del Trabajo, tomó lo que dice la lesgilación actual, en la cual se señala que “el contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestas servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada”.
Eso sí, el mismo documento indica que los casos deberán ser analizados por los tribunales de justicia.
Por último, también se esclareció que la asignación por concepto de movilización deberá pagarse a las personas hayan suscrito dicho beneficio y que hayan llegado a su puesto de trabajo.
Cabe destacar que el dictamen fue cuestionado desde varios sectores como la CUT y de diputados y senadores de la República.
