Hace unos días, expertos de la ONU visitaron el país para investigar los casos de violaciones a los Derechos Humanos que se habían visto de parte de Carabineros, militares y policías de investigaciones, en medio de las jornadas de movilizaciones.

Recordemos que se anunció el 28 de octubre pasado que una comitiva de observadores de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU sería enviada al país para recopilar evidencia y testimonios de los abusos durante el Estado de Emergencia y Toque de Queda, según explicó Michelle Bachelet, que lidera el departamento.

Casi una semana después de su visita, el grupo de expertos que pasó por el país lanzó su informe donde condenó “el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad en Chile durante las recientes semanas de protestas”.

El texto detalla que al menos 20 personas murieron y otras 1600 resultaron heridas, considerando también uniformados. Todo esto contemplado a partir del estallido social que explotó el 18 de octubre, y el posterior inicio al Estado de Emergencia.

“La violencia nunca puede ser la respuesta a las demandas sociales y políticas de las personas, el elevado número de heridos y la manera en la cual se han utilizado las armas no letales parece indicar que el uso de la fuerza fue excesivo y violó los requisitos de necesidad y proporcionalidad”, se explicó en el informe de los expertos nombrados por el Consejo de Derechos Humanos.

Este grupo de la ONU fue explícito en mostrar preocupación por los abusos perpetrados en contra de menores de edad, y por malos tratos y golpes que podrían constituir torturas. Además, se mencionaron los casos desnudamientos forzados, tocamientos y violaciones durante la detención: “Las mujeres y los niños han participado activamente en las protestas en curso y el Estado debe abordar sus preocupaciones específicas en materia de protección”.

“El Gobierno de Chile tiene la obligación no sólo de respetar los derechos humanos, sino de proteger a las personas contra los actos de violencia cometidos por particulares. Debe permitir que las protestas se lleven a cabo aislando a los que recurren a la violencia, al mismo tiempo que garantiza que todas las personas en el país puedan disfrutar de sus derechos”, complementó el informe de la ONU.

Al cierre, se explicó que la comitiva de observadores seguirá evaluando la situación de derechos humanos relacionados a las protestas, y que investigará los patrones de las violaciones cometidas y la respuesta del Gobierno ante estas circunstancias.

De todas formas, agregaron que las autoridades han mostrado voluntad de “perseguir y determinar las responsabilidades en casos de violaciones de los derechos humanos, en particular las cometidas por agentes del Estado”.