Una insólita situación se vivió en la Central de Comunicaciones de Carabineros (Cenco) de La Araucanía, donde llegaron dos llamados que alertaron a las autoridades. En las conversaciones se aseguró que ocurriría un atentado contra un fiscal de la zona y la familia Luchsinger, lo que de inmediato generó preocupación.

En el primer llamado, efectuado el pasado 16 de marzo, un hombre adulto que hablaba español y que supuestamente era comunero mapuche, advirtió que se estaba planificando un atentado. Inmediatamente al recibir la información, la Fiscalía activó el sistema de protección y tomó las medidas para frustrar el supuesto ataque.

Según consignó el diario La Tercera, al iniciarse la investigación se determinó que el dueño del móvil era un imputado del denominado ‘caso Iglesias’, lo que coincidió con la georeferenciación, que daba con su vivienda.

En una primera instancia se alertó a la familia Luchsinger, y hasta ahí la investigación tenía un rumbo claro, hasta que dio un giro total. El 31 de marzo, la persona llamó de nuevo por la misma situación, sólo que ahora dio detalles de tres personas que participarían del ataque, y que una de ellas era una mujer, ‘la colorina chica’. Incluso, advirtió que se trasladarían en un vehículo y que utilizarían un rifle largo con mira telescópica.

Con estos datos, Fiscalía continuó con la investigación. Así fue como se percataron que las personas que fueron denunciadas no tenían nada que ver con lo expresado por el denunciante. El chip del celular desde donde se hicieron las llamadas era supuestamente de Ariel Alexis Trangol Galino, quien había sido absuelto del ‘caso Iglesias’, sin embargo, se logró descifrar que era en realidad Mauricio Alarcón Vidal, funcionario de la Defensoría Penal Pública.

Supuestamente, el plan de Alarcón era incriminar a su expareja, Valeria Llanquinao, y su familia, en este atentado, por motivos que aún se desconocen. Por esto mismo, el fiscal Cristian Voullieme pidió el sobreseimiento definitivo para las tres personas involucradas y de paso, la formalización de Mauricio Alarcón, por el delito de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa.

El funcionario público ahora arriesga una pena de presidio menor en su grado mínimo y multa, y además de presidio menor en su grado medio, esto significa, que puede ser condenado de 541 días a 3 años de cárcel.