La Corte de Apelaciones de La Serena acogió los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía y el querellante en el caso de Yulisa Cerda, joven que falleció a raíz de un disparo. El hecho ocurrió mientras la víctima se encontraba con su pareja en su domicilio, en el sector de Las Compañías.
En este contexto, recientemente el tribunal de alzada indicó que la sentencia de primera instancia, que absolvió a la pareja de la joven del delito de femicidio, y lo condenó a 5 años por tenencia ilegal de armas de fuego, no valoró todas las pruebas presentadas.
De igual forma, aseguran que no se la analizó con perspectiva de género, un caso en el que, como muestran las evidencias, existieron antecedentes de violencia intrafamiliar, denunciados por la víctima en tres oportunidades antes de su muerte.
Recordemos que el caso quedó al descubierto el lunes 27 de abril de 2020, cuando pasadas las 22:00 horas, el acusado trasladó a Yulisa a un Cesfam del sector de Las Compañías y la abandonó en el lugar, dándose a la fuga. La joven presentaba dos impactos de bala y fue trasladada al Hospital de La Serena, donde falleció a causa de sus lesiones.
Días después, el jueves 30 del mismo mes, el sujeto se entregó en un cuartel de la PDI en compañía de un abogado, guardando silencio, mientras en paralelo se conocían los detalles de una historia de violencia, que terminó en un crimen que conmovió a la zona.
Un reportaje del diario electrónico El Día, reveló entonces que Yulisa había denunciado en tres oportunidades a su conviviente, un hombre que había salido de la cárcel el 19 de agosto de 2019, y a quien los vecinos describieron como “una persona extremadamente violenta y problemática”.
Las denuncias por agresiones a Yulisa habían sido informadas al Ministerio Público y se fijaron audiencias que luego fueron suspendidas a raíz de la pandemia. Estas instancias jamás llegaron, pues la joven fue asesinada en su propia casa.
El hecho levantó una serie de críticas al actuar de las instituciones, especialmente a la Fiscalía, por la falta de protección a la víctima y de un actuar oportuno que previniera su muerte.