“Toda esta fachada hace parecer que está en regla”: el testimonio clave en causa de Camilo Huerta

Una trabajadora que estuvo menos de tres semanas en Dispensario Nacional terminó convertida en una pieza relevante de la investigación que actualmente indaga el Ministerio Público y que tiene entre sus imputados a Camilo Huerta.

La mujer ingresó a la organización en agosto de 2025 convencida, según declaró posteriormente ante la Fiscalía, de que se trataba de un negocio dedicado al cannabis medicinal que operaba dentro de la legalidad, consignó Meganoticias.

Antes de aceptar el trabajo, aseguró que preguntó directamente por los permisos y autorizaciones. “Yo le hago las consultas respecto a cómo funcionaba la organización, ya que yo veía que tenían página web, que tenían redes sociales, que hablaban influencers, incluso abogados de esta organización”, relató.

Además, precisó: “Le consulto si tenían las patentes y los permisos para operar”. Según su testimonio, recibió una respuesta que despejó inicialmente sus dudas: “Me refiere que hubo cambios en la ley por las recetas, por lo que todo estaba en regla”.

Sin embargo, semanas más tarde una fiscalización municipal cambió completamente su situación: terminó detenida, pasó seis días privada de libertad y quedó en calidad de imputada.

Testigo aseguró que preguntó reiteradamente por la legalidad

Su trabajo comenzó con la atención de personas que llegaban con recetas médicas y la orientación sobre los productos disponibles.

“La idea es que podamos orientar a los usuarios acerca de qué les sirve en relación a su patología y a su receta médica, de qué es lo mejor para ellos”, explicó.

También gestionó documentos. “Había que hacer contratos de cesión de derechos de cultivo, estos ya estaban redactados, los usuarios rellenaban sus datos y aceptaban la cesión de derechos de cultivo firmando”, sostuvo.

Posteriormente se entregaban productos derivados del cannabis, “como aceite, flores”, señaló.

La trabajadora afirmó que existía un sistema computacional donde se registraba a los socios y los productos que retiraban, mecanismo que ella entendió como parte de la trazabilidad.

“Siempre me dijeron que existían protocolos, patentes, legalidad del negocio”, manifestó.

Incluso aseguró que consultó directamente al abogado relacionado con la organización. “Yo consulté algunas dudas legales de la organización al abogado de la misma, el señor Hernán Bocaz, quien me dio a entender que estaba todo en regla”.

Las funciones que comenzaron a generarle dudas

Con el paso de los días, sus tareas cambiaron. La mujer aseguró que comenzó a manipular y dosificar cannabis, algo que originalmente no formaba parte de las labores que le habían explicado.

“Dentro de mis funciones sí estuvo el dosificar”, declaró, agregando que “nunca antes me dijeron que tendría que dosificar”.

Durante ese periodo también recordó una reunión en una habitación que contenía una importante cantidad de material vegetal.

“Me hace pasar a una sala donde había mucho producto, me refiero a materia vegetal”, señaló. Además, recordó que “había una persona con un computador y dinero en efectivo en la mesa”.

Según su testimonio, le solicitaron evaluar el producto: “Me consulta mi opinión sobre aromas y calidad de la materia vegetal que estaba en la sala”.

La situación le generó incomodidad. “Yo me sentía muy incómoda porque no entendí esa interacción”, aseguró.

Pese a sus dudas, volvió a consultar sobre la legalidad de las operaciones y sostuvo que nuevamente recibió garantías. “Me asegura la legalidad del negocio”, afirmó, agregando que le indicaron que existían “registros y permisos del SAG”.

La fiscalización que terminó en detenciones

El 18 de agosto de 2025 comenzó a desempeñarse en la sede de calle Emilio Vaisse, en Providencia, donde sus funciones estuvieron centradas en el procesamiento y dosificación.

“Yo comienzo a trabajar según lo que me decían”, comentó.

Sin embargo, comenzó a cuestionar algunas prácticas, principalmente relacionadas con la manipulación del material vegetal.

“Cada vez que se manejaba materia vegetal de distintos proveedores había que limpiar toda la mesa y los implementos como las tijeras, los guantes, las mascarillas, para no generar hongos ni bacterias que afectaran a los pacientes”, explicó.

Cuando planteó sus inquietudes, aseguró que otros trabajadores le aconsejaron guardar silencio: “Mis compañeros me dijeron que no diga nada porque trabajadores anteriores que se habían quejado por la calidad o la entrega de los productos habían perdido su puesto de trabajo”.

La mujer incluso le comunicó a su pareja que quería renunciar. “Yo le había manifestado a mi pareja querer salir de la organización”, declaró, pues “sentía que estaba ocultando información a sus empleados en relación a la legalidad de esta”.

No alcanzó a concretar su salida. “Justo el lunes de esa semana nos detuvieron”, recordó.

El 25 de agosto de 2025, inspectores municipales llegaron al recinto debido a reclamos relacionados con olores y consumo de cannabis en los alrededores.

En ese momento, la mujer estaba trabajando directamente con marihuana. “Yo estaba dosificando”, relató.

Al advertir la presencia de los fiscalizadores, consultó si debía detener su labor. “Le pregunté a Tania y a José de Jesús si podía sacar las manos de la marihuana”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que la instrucción fue otra: “Solicité pararme y me dijeron que me quede en mis labores con las manos en la marihuana”.

OS-7 llegó hasta la sede de Providencia

Según su declaración, el inmueble contaba además con zonas subterráneas destinadas al almacenamiento y procesamiento.

“Sé que en el piso -2 y -1 había acopio”, declaró, detallando que “el -2 era solo de acopio, en el -1 había producción, etiquetado, acopio, baños y cocina”.

Posteriormente llegó hasta el lugar personal del OS-7 de Carabineros.

“Nosotros hablamos con los funcionarios de OS7, cuando llegaron, tratando de explicarles que todos los productos que teníamos eran para pacientes medicinales y con receta al día”, afirmó.

La mujer agregó: “Yo les explicaba de qué se trataban los productos y para qué servían”.

En ese momento, aseguró, los trabajadores no pensaban que terminarían arrestados: “En ningún momento nosotros pensamos que seríamos nosotros los que se irían detenidos”.

“Como la droga no era nuestra, no entendíamos por qué nos llevarían detenidos a nosotros”, afirmó, precisando que “algunos ni siquiera teníamos contrato”.

“Se nos mintió cuando nos dijeron que era todo legal”

Durante el procedimiento, la trabajadora afirmó que firmó distintos documentos asociados a las cantidades de cannabis encontradas.

El primero correspondía a los productos cercanos a su puesto y consignaba “menos de un kilo”. Después, aseguró, apareció otro documento que señalaba 32 kilos.

“Yo no tenía esos 32 kilos, quizás eran de la sede, pero no míos”, declaró.

Luego apareció otro documento por una cantidad considerablemente mayor: “Decía que había 150 kilos”.

Finalmente, la fiscalización derivó en una investigación por tráfico de drogas y asociación, mientras la trabajadora permaneció seis días privada de libertad.

Según contó, durante la audiencia comenzó a cuestionar por primera vez las explicaciones que había recibido.

“En esa misma audiencia me di cuenta que yo y los trabajadores habíamos sido engañados por la organización”, sostuvo.

También recordó el impacto que vivieron tras ser detenidos: “Nosotras estábamos con crisis de pánico, sin entender lo que estaba pasando (…). No tenemos antecedentes, nunca he pasado por algo así”, agregó, insistiendo: “Yo me considero inocente, ya que fui engañada por estas personas”.

Meses más tarde resumió su postura ante el Ministerio Público: “No sabíamos si había operaciones fuera de regla y no teníamos la información para saberlo”.

El testimonio que se volvió clave para la investigación

En marzo de 2026, todavía en calidad de imputada, la mujer renunció voluntariamente a su derecho a guardar silencio y entregó una extensa declaración ante la Fiscalía.

Su testimonio permitió conocer desde dentro aspectos relacionados con la contratación de trabajadores, el manejo de cannabis, las zonas de almacenamiento, las instrucciones que recibían los empleados, la documentación utilizada y las explicaciones entregadas respecto de la legalidad de las operaciones.

La mujer resumió cómo percibió inicialmente a Dispensario Nacional: “Yo entendía que esta empresa era legal”, debido a que “tiene tarjetas de presentación, página web, redes sociales”.

“Toda esta fachada hace parecer que esta organización está en regla”, afirmó.

Cómo aparece Camilo Huerta en la investigación

La fiscalización en Providencia fue uno de los antecedentes que permitió ampliar las diligencias hacia sociedades, cultivos, franquicias, cuentas bancarias y comunicaciones telefónicas relacionadas con Dispensario Nacional.

En ese contexto aparece Camilo Huerta, quien es investigado por el Ministerio Público.

De acuerdo con la Fiscalía, Huerta administró y explotó directamente la sucursal de Dispensario Nacional ubicada en Chicureo y participó en su gestión comercial, las utilidades y decisiones vinculadas al movimiento del stock de cannabis.

A ello se sumó el análisis financiero realizado en la causa, que estableció que DN Medcorp transfirió $51.266.785 a Grünwald SpA, sociedad constituida y administrada por Huerta.

Actualmente, la Fiscalía investiga al exchico reality por los delitos de asociación ilícita para el tráfico, tráfico de drogas y lavado de activos.